La Ciudad Autónoma notificará hoy jueves 2 de octubre a la empresa Alvalop, encargada de la gestión de 5 ludotecas de la ciudad, la imposición de 4 nuevas penalidades.
Esta sanción corresponde al incumplimiento de la cláusula 6 (apartado 5 y 8), que compete a la falta de suministro de material lúdico, educativo e informático de 4 de los 5 lotes adjudicados. Todo ello a espera de que se resuelvan las alegaciones del quinto lote.
El montante económico de la sanción alcanza los 23.278 euros, cuantía que se suma a la penalidad anterior impuesta por el Ejecutivo local de casi 200.000 euros.
En rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha indicado que todavía quedan pendientes otros 10 expedientes más de imposición de penalidades, debido al "reiterado incumplimiento" por parte de Alvalop con lo recogido en los pliegos del contrato: controles de la OCA, de la legionella o de los sistema de climatización y anti intrusión, entre otros. Además de la falta de suministro de material fungible, como lápices o cartulinas.
“Lo más importante es la iniciación y la notificación a la empresa de los 5 expedientes de resolución de contratos por los reiterados incumplimientos que entendemos que permitirá la consignación del dinero en el juzgado de manera cautelar para asegurar así el pago a los trabajadores de sus nóminas”.
Al hilo de lo expuesto, ha reiterado que desde el Gobierno local se está trabajando en una vía alternativa para que en caso de que la resolución sea firme, las 68 familias de los trabajadores de las ludotecas no queden "desamparadas" y se pueda asegurar el servicio a los más de 200 usuarios que se benefician de estos espacios.
Por lo pronto, al objeto de paliar la falta de suministro de material de la que, según denunció Randa Mohamed, ha hecho gala Alvalop, la Consejería ha sacado varios contratos complementarios con el fin de garantizar a los profesionales de estos centros socioeducativos los recursos necesarios con los que poder realizar su trabajo y atender a los niños y adultos que acuden a estas instalaciones.
Asimismo, anunció que desde la Consejería están trabajando con la empresa Tragsatec para la posible continuidad del servicio, en caso de que Alvalop lo abandone por decisión propia o bien en el supuesto de que la imposición de las sanciones y resolución del contrato supongan la interrupción del propio servicio.
Gestión del PSOE
Por otro lado, Randa Mohamed ha cargado contra el Partido Socialista, subrayando que la situación actual de los trabajadores es consecuencia directa de la "irresponsabilidad" de la gestión del anterior Gobierno de la Ciudad Autónoma y, en concreto, de la Consejería de Políticas Sociales y Bienestar Animal, liderada entonces por Paqui Maeso.
“Fue el PSOE quien, sabiendo que se marchaba del gobierno, dejó morir deliberadamente el contrato de las ludotecas sin sacarlo a tiempo ni prever su continuidad. Ese abandono no fue casual ni un simple descuido: fue una decisión tomada de manera negligente e irresponsable, sin pensar en los trabajadores ni en las familias que dependen de este servicio”.
La consejera ha tildado de “hipócrita” al PSOE y reconocido su sorpresa por el hecho de que la formación socialista, según dijo, se erijan como defensores de los trabajadores y del servicio público.
“Fueron ellos quienes los dejaron al borde del precipicio. Si hoy hablamos de contratos, expedientes, sanciones y rescisión, es porque el Gobierno Imbroda, ha trabajado en la continuidad del servicio tenido que intervenir para salvar lo que dejaron hecho un caos”.
Administración garantista
La consejera ha reconocido que el hecho de que la Administración sea garantista tiene ventajas y desventajas. Una cuestión que, según dijo, garantiza la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un contrato público, pero también permite la contratación de una empresa negligente, a no ser que haya una prohibición explícita para ello.
"La única manera de conseguir una prohibición explícita de contratación con la Administración pública es mediante la imposición de penalidades y la resolución del contrato. El problema se va trasladando de un servicio a otro y es imposible decidir sobre la contratación o no de una empresa en un procedimiento".
En este sentido, Randa Mohamed reconoció que Alvalop arrastra problemas en otras comunidades autónomas, según la información que le han proporcionado los propios trabajadores en Melilla, aunque ello no ha impedido que se sigan produciendo contrataciones desde la Administración pública en la península.
"Desde luego que estamos luchando para poder garantizar que esta empresa o cumpla o no tenga oportunidad de participar en ningún otro contrato, porque si se van y no hay una prohibición, podrían presentarse al próximo contrato que salga. Por eso hay que luchar por la prohibición y que haya un expediente de penalidad que justifique a una mesa de contratación de cualquier parte del territorio nacional que existe un antecedente oficial de la negligencia de esta empresa".
Por último, Randa Mohamed recordó que la Consejería ha sacado 33 contratos para asegurar el puesto de los trabajadores. Una situación que según aseguró, en condiciones normales hubiera supuesto una mejora del servicio, pues el presupuesto destinado a ello ha tenido un aumento de 1,5 millones de euros respecto al contrato anterior.
"Si la empresa es negligente, por mucho esfuerzo que se haga de parte del Gobierno y de todos, ello no se materializa en las condiciones".
