La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) respondió este martes a las críticas del consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, y aseguró que la conservación y el mantenimiento ordinario del Río de Oro corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla, al tratarse de un cauce que discurre por tramo urbano. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, respondía así a las declaraciones de Ventura sobre el riesgo de incendio en los cañaverales del río, a la altura de dos gasolineras, cuya proximidad a viviendas había motivado un informe de los bomberos que lleva semanas en manos de la Delegación del Gobierno y de la propia Confederación sin obtener respuesta.
En una nota remitida este martes, la CHG explicó que las competencias locales sobre los cauces urbanos incluyen la limpieza, la retirada de vegetación, el control de cañaverales, la defensa de los márgenes y cualquier actuación necesaria para garantizar la seguridad en estos tramos de ríos y arroyos. Según el organismo, esa atribución se recoge en el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, una interpretación que, según indicó, quedó confirmada por la sentencia 1962/2017 del Tribunal Supremo.
La Confederación matizó, no obstante, que las entidades locales necesitan su autorización previa para llevar a cabo este tipo de labores en el cauce, y mostró su disposición a la colaboración institucional y al seguimiento técnico del dominio público hidráulico, siempre dentro del marco competencial vigente.
La respuesta de la CHG llega después de que Ventura denunciara la falta de reacción del organismo y de la Delegación del Gobierno ante un informe de los bomberos que advierte de un elevado riesgo de incendio en los cañaverales del Río de Oro, pese a la cercanía de viviendas y gasolineras. El consejero llegó a reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a la que acusó de "ineficacia, dejadez y pasotismo" y calificó de "pirómana política".
Ambigüedad deliberada
Ventura ha respondido a la nota de la Confederación acusándola de mantener una estrategia deliberada de confusión sobre quién debe actuar en el cauce. "La Confederación lo que hace sistemáticamente es generar una ambigüedad continua, porque de esa manera, generando la ambigüedad, si pasa algo, pues le echa la culpa al de enfrente", afirmó el consejero, que aseguró haber recibido "otras veces" escritos similares atribuyendo la responsabilidad a la Ciudad.
El consejero puso en duda que la Confederación esté dispuesta a renunciar realmente al control sobre las actuaciones en el río. "Si ese escrito tiene el valor que dice que tiene, nosotros no tendríamos que pedirle ningún tipo de autorización. Sin embargo, siempre nos dicen que le tenemos que pedir autorización", señaló, y añadió que el organismo alterna su discurso según le convenga, ya que "cuando habla de un río que está en zona urbana, después te dice que no se sabe qué parte está en zona urbana y qué parte está en zona agrícola".
Ventura recordó además que la última vez que la Ciudad actuó por su cuenta en el cauce, la propia Confederación fue quien exigió detener los trabajos y terminó sancionando a la administración autonómica. "La prueba está en que nosotros cuando actuamos el año anterior, el último año que actuamos en el río, y nos denunciaron los ecologistas, ellos son los primeros que nos dijeron que teníamos que parar, en base a un escrito como este que teníamos que parar, y además nos sancionaron por limpiar, ni más ni menos que por limpiar", relató el consejero.
Esa sanción ascendió a 4.000 euros y se produjo tras una denuncia de colectivos ecologistas por la posible afectación a un ave que anidaba en la desembocadura del río, después de que la Ciudad retirara con maquinaria pesada carrizos de gran tamaño que impedían el paso por la zona.
Ventura había advertido ya que, de no recibir respuesta de la Delegación del Gobierno ni de la Confederación, la Ciudad Autónoma se plantea actuar de forma unilateral en el cauce a primeros de agosto para retirar el cañizal, aun a riesgo de una nueva sanción o denuncia. El consejero insistió en que el peligro no se limita al riesgo de incendio, sino que también afecta a la seguridad frente a posibles inundaciones cuando llegue la temporada de lluvias.
El pulso entre ambas administraciones se suma a otras reclamaciones que Ventura mantiene abiertas frente a la Delegación del Gobierno, entre ellas la autorización pendiente para el uso del agua regenerada del tratamiento terciario, solicitada desde finales de 2024, cuya falta de respuesta obliga a la Ciudad a verter cada día 4.000 metros cúbicos de ese agua que, de contar con el permiso correspondiente, podrían destinarse a la limpieza de calles y al riego de parques y jardines. A ello se suma la explotación y mantenimiento del pantano de las Adelfas, cuya autorización se solicitó en agosto del año pasado y sigue pendiente, pese a que las lluvias de 2025 permitieron recuperar parte de su nivel de agua.
Por el momento, ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Delegación del Gobierno se han pronunciado sobre las últimas declaraciones de Ventura, mientras el plazo que la Ciudad se ha dado para intervenir en el cauce, a primeros de agosto, sigue corriendo.
