La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que volverá a acudir a los juzgados para exigir que se abonen correctamente las indemnizaciones a los trabajadores contratados en el Plan de Empleo 2024 de la Ciudad Autónoma de Melilla. El sindicato ha detectado múltiples irregularidades en las nóminas recibidas por los beneficiarios y pone en duda la versión oficial del Gobierno local respecto al montante global destinado a estas compensaciones, derivadas de sentencias judiciales que anulan prácticas discriminatorias mantenidas desde 2012.
Según CGT, el Gobierno de Melilla, presidido por Juan José Imbroda, anunció el pago de 2,2 millones de euros en concepto de atrasos tras una sentencia firme del Juzgado de lo Social de Melilla, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obligaba a la administración a equiparar los salarios de los trabajadores temporales de los planes de empleo con los del personal fijo. Sin embargo, el sindicato asegura que las cifras no cuadran.
“Si realmente se han repartido esos dos millones entre las 441 personas que integraban el Plan de Empleo de diciembre de 2023 a agosto de 2024, cada una debería haber recibido más de 5.000 euros. Pero la realidad es muy distinta”, afirma CGT. A través de las nóminas ya recibidas por algunos trabajadores, el sindicato señala que las cantidades abonadas son considerablemente más bajas de lo que correspondería.
Además de cuestionar la cuantía global, CGT denuncia que los conceptos utilizados en las nóminas no permiten conocer con exactitud el desglose de lo abonado. En concreto, critican la fórmula “importe atrasos sentencia”, al considerarla genérica y poco transparente. También alertan sobre descuentos “injustificados” bajo conceptos como “retención judicial”, así como la falta de cotización a la Seguridad Social de las cantidades pagadas, lo que podría perjudicar los derechos de los trabajadores a prestaciones por desempleo, bajas médicas o jubilación.
Como respuesta, el sindicato ha puesto en marcha una campaña de asesoramiento a los afectados. Los días 8, 9 y 10 de abril atenderán en su sede, ubicada en la calle Padre Lerchundi número 20, a todas las personas que hayan recibido pagos en concepto de atrasos, con el objetivo de preparar las reclamaciones correspondientes. Para ello, los interesados deberán presentar su contrato, vida laboral, nóminas del periodo trabajado y la nómina de los atrasos.
La raíz del conflicto se remonta al año 2012, cuando la Ciudad Autónoma, junto a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, firmó un acuerdo que permitió pagar sueldos por debajo del convenio colectivo a los trabajadores de los planes de empleo, lo que, según las sentencias judiciales, suponía una clara discriminación respecto al resto de empleados públicos. CGT inició entonces una batalla legal que ha dado sus frutos más de una década después, al conseguir que la justicia reconozca los derechos laborales vulnerados y obligue al Gobierno local a indemnizar a los trabajadores afectados.
Pese a los avances logrados, CGT considera que el proceso de compensación impulsado por el Ejecutivo de Imbroda sigue sin ser transparente ni justo. “Ni se ha abonado lo correcto, ni se ha hecho justicia, ni se ha reparado el daño que han sufrido durante años miles de personas en situación de vulnerabilidad que aceptaron estos trabajos por necesidad”, denuncian.
El sindicato acusa al Gobierno local de “intentar sortear” las sentencias mediante pagos opacos y arbitrarios, al tiempo que critica a los sindicatos firmantes del acuerdo de 2012 por su “colaboración pasiva” en lo que califican como una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza la igualdad de trato.
CGT concluye que continuará reclamando “hasta el último céntimo” que corresponda a los trabajadores de los planes de empleo, y advierte al presidente Imbroda: “Nos seguiremos viendo ante el juez”.
Cómo va a ser los planes de diciembre del 2023 a agosto del 2024 los planes son de 6 meses no de 8 meses,