El sindicato CGT lleva a los tribunales a la Ciudad Autónoma de Melilla y a las organizaciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF por su "pacto de la vergüenza" contra llos trabajadores de los planes de empleo, según ha informado en un comunicado hecho público este miércoles.
Lo que se impugna es la modificación del IX Convenio Colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma por el que los tres sindicatos del sector público pactan "establecer condiciones inferiores y discriminar" a quienes son contratadas en los planes de empleo. Esta modificación data de 2012 y fue publicada en el BOME el 18 de diciembre de ese año.
"Este acuerdo colectivo discriminatorio e ilegal que afecta directamente a los trabajadores empleados en virtud de los denominados Planes de Empleo, establece unas tablas salariales significativamente más bajas que las establecidas para el resto del personal de la Ciudad Autónoma de Melilla", apunta la CGT, que considera que "se vulnera así lo establecido por el artículo 14 CE y se perjudica a estos empleados por el único hecho de prestar servicios en virtud de contratos de trabajo de naturaleza temporal, causa esta significada expresamente como oprobiosa a los efectos que nos ocupa". "Es significativo que en el mapa de la negociación colectiva no exista ningún convenio ni acuerdo análogo al presente. Estamos ante una decisión con un fin determinado y espurio, adoptada ad hoc y sin parangón en nuestro ordenamiento jurídico-laboral".
Por ese motivo, la asesoría jurídica de CGT ha presentado demanda ante el Juzgado de lo Social de Melilla, que tiene como objeto anular ese "pacto vergonzante" apoyándose en "reiterada jurisprudencia y en el choque frontal con la cláusula cuarta de la Directiva Europea 99/70/CE De un lado se impugna la referida modificación del IX Convenio Colectivo por ilegalidad, ex art. 165.1.a) LRJS, y de otro lado, se impugna por lesividad, ex art. 165.1.b)".
El sindicato CGT entiende, asimismo, que dicho Convenio Colectivo se ha acordado "en el seno de un órgano manifiestamente incompetente a tales efectos, pues no consta acuerdo ni del Pleno de la Ciudad ni de la Mesa Sectorial ni General de Negociación". Tampoco consta, añade, que los firmantes por los sindicatos presten servicios o los hayan prestado dentro de los Planes de Empleo. "Sobre la discriminación en materia salarial al personal laboral contratado en virtud de Planes de Empleo existe jurisprudencia pacífica y muy abundante tanto del Tribunal de Justicia de Unión Europea, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia - especialmente destacada es la doctrina jurisprudencial del TSJA- y Juzgados de lo Social", asegura.
En ese sentido, apunta que el profesor Cruz Villalón estableció en su laudo arbitral del 22-5-2017 que: “No resulta conforme a Derecho la exclusión del ámbito de aplicación del convenio colectivo del personal de programas con ayudas públicas de otras Administraciones Públicas, pues tal exclusión tendría el carácter de discriminatoria, por contraria a la cláusula 4 de la Directiva 1999/70 de la Unión Europea, al art. 15.6 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia constitucional que considera contrario al art. 14 de la Constitución Española excluir a los trabajadores temporales del ámbito de aplicación de un convenio colectivo.”
"Resulta bochornosa e inadmisible la postura de UGT, CCOO y CSIF en Melilla, que ejercen de mamporreros de la Ciudad Autónoma para perjudicar literalmente en el percibo de las retribuciones correspondientes a las personas contratadas por los planes de empleo y lo que es peor permitiendo la discriminacion directa y la violación del art. 14 de la constitución", insiste la CGT para añadir que es "aún más grave que pese a lo firmado y ocultado a la ciudadanía, en contra de los intereses generales de las personas contratadas por la ciudad para los planes de empleo, algunos de esto sindicatos se estén dirigiendo a las propias personas afectadas para supuestamente realizarles reclamaciones para compensar las diferencias salariales que seguramente van a estar abocadas al fracaso derivado de sus pactos ocultos y con la clara intención de hacerse un lavado de imagen".
Por ahora, la CGT aún no tiene fecha de señalamiento de este juicio, que va a afectar tanto al plan de empleo que está a punto de comenzar como a los anteriores puestos en marcha por la Ciudad. "La falta de fecha de juicio es un síntoma evidente de la sobrecarga de trabajo y procedimientos del único juzgado de lo social de Melilla, que está provocando directamente el incumplimiento de la Ley Reguladora de la jurisdicción social y múltiples daños colaterales a la clase trabajadora melillense".
Por último, el sindicato no descarta que en un futuro próximo se pueda organizar alguna acción de protesta en la Ciudad Autónoma por la situación de la justicia social que está llevando a una desprotección de la clase trabajadora e indefensión ante los abusos patronales y de las administraciones, “una justicia lenta no es justicia”.
