Una parte de los beneficiarios de los Planes de Empleo, concretamente los trabajadores contratados por los sueldos más bajos, no cobrarán este mes. Tendrán que esperar hasta finales de febrero para recibir sus salarios porque la burocracia, que debería estar al servicio de los ciudadanos, otra vez se ha puesto de parte del más fuerte.
La tramitación de las nóminas está centralizada ahora en Madrid y “lleva un papeleo complejo”, señalaron ayer a El Faro desde la Delegación del Gobierno para justificar el desaguisado. Sin embargo, la verdadera ‘complejidad’ del asunto va a estar en cómo podrán los trabajadores perjudicados subsistir un mes sin ningún tipo de ingresos. Se trata de ciudadanos que ya se encontraban al borde de la exclusión social antes de ser seleccionados para el Plan de Empleo, que sobrevivían con la ayuda 400 euros mensuales del Plan Prepara y las entregas que recibían del Banco de Alimentos. Al ser ahora contratados, ya no cumplen el requisito de carecer de ingresos mínimos, imprescindible para tener derecho a ser socorridos por el Estado y las ONGs.
La burocracia no permite matices ni da opción a excepciones, pero los responsables de la Administración sí tienen en sus manos solucionar este problema. El argumento de que ellos han sido los únicos causantes de este estropicio debería ser suficiente para que se pusieran a trabajar de inmediato con el objetivo de dar alternativas a los ciudadanos que han sido víctimas de ese “papeleo complejo” al que se refiere la Delegación del Gobierno. Para empezar, alguien debería explicar en Madrid quiénes son los trabajadores perjudicados y las circunstancias económicas por las que atraviesan. Si quien coge el teléfono al otro lado de la línea tiene un mínimo de sensibilidad, su conciencia no le permitirá quitarse el problema de encima entregando un simple certificado. A buen seguro que no podría dormir sabiendo que ha mandado a estos trabajadores a ‘mendigar’ un adelanto en bancos o cajas con un documento que no ha sido contrastado antes para saber si es suficiente garantía para los responsables de esas entidades financieras.
