La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha puesto en conocimiento de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa la urgente necesidad de reformar la actual composición de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, un órgano que, según dice, todavía mantiene una estructura y funcionamiento que "suponen un lastre para la igualdad y la justicia que merecen los guardias civiles en pleno siglo XXI". También recuerda la AUGC la necesidad de la plena homologación de la jurisdicción militar al resto de jurisdicciones.
Este martes, día 16 de septiembre, la Comisión de Venecia se reunirá con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La AUGC exige que en dicho encuentro se aborde con determinación esta cuestión, que afecta directamente a miles de guardias civiles que siguen viendo sus derechos limitados por un modelo jurisdiccional "anclado en el pasado".
"Es la hora de la verdad. No puede seguir demorándose un cambio que la sociedad reclama y que los tribunales internacionales han venido marcando en su jurisprudencia: la modificación de la configuración de la jurisdicción militar es ineludible para que sea efectiva la garantía de que los guardias civiles no sean tratados como ciudadanía de segunda, sino como lo que son, servidores públicos que protegen la seguridad de todos los ciudadanos", expresa el comunicado.
La AUGC apela al sentido de justicia y responsabilidad de nuestros representantes y de las instituciones europeas. Según apunta en un comunicado, ha llegado el momento de dignificar la carrera profesional de los guardias civiles, poner fin a la excepcionalidad y garantizar un marco jurídico moderno, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales.
La AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en afiliación en la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).
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