El interventor de la Ciudad, Francisco Platero, es el único cargo público imputado aún con medidas cautelares. Está esperando que se le notifique la resolución de su recurso.
El jefe de la Oficina Técnica de Protección del Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda, tendrá de vuelta su pasaporte y ya no deberá comparecer los días 20 de cada mes en los juzgados, después de que la Audiencia haya dejado sin efecto las medidas cautelares impuestas desde el pasado 18 de octubre por la juez Alcázar, que instruía el caso de la llamada ‘Operación Ópera’. La letrada de la defensa de López Rueda explicó a El Faro que ya había recibido la resolución judicial de su cliente en la que el tribunal levanta las medidas cautelares, aunque no detalló los términos en los que está redactado el auto.
Los motivos no deben distar mucho de los que han provocado que esta semana se hayan levantado las mismas medidas (retirada de pasaporte y comparecencia periódica en el juzgado) para los otros imputados en la ‘Operación Ópera’, el consejero y el director general de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig y José Pastor, respectivamente. Por su parte, el último cargo público imputado con medidas cautelares aún en vigor, es el interventor de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, que está esperando la resolución de su recurso, según informó su familia a El Faro.
Platero es el único cargo público imputado en la ‘Operación Ópera’ sobre el que pesan las medidas que la ex titular del Juzgado de Instrucción número 4, Mª José Alcázar, dictaminó el pasado 18 de octubre de 2013, cuando el interventor, Pérez Calabuig, Pastor y López Rueda fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil. Tras declarar ante la juez, todos salieron en libertad con medidas que entonces Alcázar calificó de “muy suaves”.
El empresario de Reformas y Construcciones El Porvenir S.L., Abdelkader Kasem, imputado en la ‘Ópera’, también continúa con las medidas cautelares vigentes. Una investigación fiscal sobre su empresa fue el inicio de las pesquisas por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la llamada ‘Operación Ópera’, que investiga posibles irregularidades en la contratación pública de la Administración local.
“Medidas innecesarias”
Esta semana la Sección 7º de la Audiencia Provincial ha hecho públicos sus autos sobre las medidas impuestas. En los casos de Pérez Calabuig y Pastor, eran “innecesarias” y otro tanto desproporcionadas al no estar “suficientemente justificadas”.
Fuentes judiciales informaron a El Faro que era de esperar que las resoluciones que han seguido a la del ex consejero Ramón Gavilán, tuvieran el mismo resultado, pues los recursos presentados por las defensas se basaban en argumentos muy similares. En especial, hacían hincapié en lo relativo a la inexistencia a un riesgo de fuga por parte de los imputados, pues todos ellos tienen un demostrado arraigo en la ciudad, tanto familiar como laboral.
Así lo reflejó el tribunal de la Audiencia en sus autos, respecto de Pérez Calabuig y Pastor, pues ambos ostentan un cargo de responsabilidad en la Administración de la Ciudad Autónoma.
Las mismas fuentes indicaron a este diario que los autos pendientes de notificar no distarían mucho de los ya conocidos, máxime teniendo en cuenta el precedente de todos ellos, como fue el pasado mes de febrero el auto que levantó las medidas cautelares contra el ex consejero Ramón Gavilán.
Auto “previsible” para Populares en Libertad (PPL)
El portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, se refirió ayer en la rueda de prensa que ofreció al auto de la Audiencia en el que el tribunal levanta las medidas cautelares al imputado en la ‘Operación Ópera’, Luis Carlos López Rueda, jefe de la Oficina Técnica de Protección del Ambiente Urbano, afín a PPL. Liarte consideró que esta decisión judicial era “previsible” dadas las anteriores resoluciones de la Audiencia respecto al resto de imputados con medidas cautelares.
No obstante, indicó que el Gobierno de la Ciudad “no ha conseguido nada” con estos autos ni “ha cambiado nada”. La investigación de la ‘Ópera’ continúa su curso, aún bajo secreto de sumario. Por tanto, aconsejó al PP que “no levanten las campanas al vuelo”.
El portavoz de PPL recordó que en el momento procesal oportuno su formación se presentará como acusación particular. Por último, Liarte recordó al Ejecutivo local que la investigación judicial no la inicia la oposición sino la UCO de la Guardia Civil, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4.
