La Asamblea de Melilla ha aprobado definitivamente la modificación del Reglamento de Gobierno y de la Administración tras desestimar todas las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública. La reforma, que incluye la posibilidad de que el presidente, los consejeros y los viceconsejeros puedan ejercer su cargo en régimen de dedicación parcial, salió adelante con 14 votos a favor (PP y diputado no adscrito) y 7 en contra (CpM, PSOE y Vox).
El debate, quinto punto del orden del día, comenzó con la lectura del secretario, quien recordó que la Comisión Permanente de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, en sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2026, aprobó elevar al Pleno la propuesta.
CpM: Apoyo a tres alegaciones
El primero en intervenir fue Emilio Guerra, diputado de CpM, quien explicó que su grupo había estudiado “con interés el expediente completo”, incluidas las alegaciones y los informes técnicos que fundamentaban su desestimación. Subrayó que su posicionamiento era fruto de ese análisis.
Guerra detalló que se habían presentado cinco alegaciones: tres relativas a la nueva Secretaría del Consejo de Gobierno —artículo 13.4— y dos adicionales de carácter distinto. Las tres primeras solicitaban que la Secretaría del Consejo recayera en un funcionario de habilitación nacional. Aunque reconoció que la argumentación es “técnicamente solvente”, advirtió de un “riesgo real”.
En concreto, alertó de que quien asistirá a las sesiones del Consejo, redactará las actas y certificará los acuerdos será “un directivo designado por el Gobierno que, además, podrá ser cesado por pérdida de confianza y no el secretario general con su independencia garantizada”. En su opinión, la coincidencia de tres alegaciones "de distinta procedencia" que señalan el mismo riesgo, “debería haber provocado una amplia reflexión y no una desestimación automática que, muy posiblemente, nos va a llevar a la vía contenciosa”.
CpM anunció su voto favorable a esas tres alegaciones y la abstención en las otras dos. Respecto a la dedicación parcial, Guerra reconoció elementos positivos de la reforma, como la adecuación a la sentencia de 2019 y la fundamentación sobre la singularidad institucional de Melilla. No obstante, confirmó el voto en contra de su grupo por tres motivos. “Una dedicación parcial sin parámetros objetivos”, el “debilitamiento del control interno” y lo que calificó como “falsa profesionalización”.
“Un directivo que puede ser cesado por pérdida de confianza no es un directivo profesional, es un cargo de confianza con requisitos de acceso, nada más”, afirmó. Concluyó insistiendo en que “Melilla merece instituciones a la altura de su singularidad y no un ayuntamiento plus con nombre de ciudad autónoma”.
Visión del PSOE
A continuación intervino Rafael Robles, diputado del PSOE, quien anunció que su grupo no apoyaría la desestimación de las alegaciones, al coincidir con algunas de ellas en su desacuerdo con la modificación de los artículos 8 y 31 del reglamento.
Robles centró su intervención en la dedicación parcial. Aunque reconoció que la medida es legal y coherente con la normativa estatal, defendió que en Melilla, desde el inicio de la autogestión derivada del Estatuto de Autonomía, los cargos de presidente y consejeros se han desempeñado con dedicación exclusiva debido a la “alta carga competencial” derivada de la doble condición de ciudad autónoma y ayuntamiento.
“La posibilidad que establece la Ley de Bases puede ser adecuada en corporaciones pequeñas, pero no en una Administración con muchos millones de presupuesto y funciones tan amplias”, señaló, añadiendo que el presidente asume “la cuádruple función institucional que exige dedicación plena”.
Además, subrayó que la ley permite la dedicación parcial, pero no obliga a incluirla en el reglamento. “Si el señor presidente y sus consejeros no dan abasto para asumir las competencias, no queremos ni pensar qué va a pasar si pueden estar también ocupados en sus asuntos profesionales”, advirtió.
Vox pide votación separada
El líder de Vox, José Miguel Tasende, comenzó señalando que el reglamento “en su conjunto es bueno y válido”. Recordó que en comisión solicitó votar por separado las alegaciones, al considerar que no todas tenían la misma naturaleza.
Sobre las alegaciones relativas al artículo 13.4, consideró que las presentadas por la asociación profesional serían “válidas” y “más garantistas” al reservar la función a un habilitado nacional, aunque admitió que la redacción actual también es jurídicamente válida. Por ello, anunció la abstención en ese punto concreto. Respecto a las alegaciones de la particular, avanzó su voto en contra.
Tasende insistió en que se aclarara qué se iba a votar exactamente. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, respondió que se votaría la desestimación de las alegaciones conjuntamente, que llevaba implícita la aprobación de la modificación del reglamento del Gobierno, conforme al criterio del secretario.
Defensa del Gobierno
La consejera de Presidencia, Marta Fernández, tomó la palabra para defender la reforma. Antes de entrar en el fondo, respondió a la crítica sobre la “falsa profesionalización”, señalando que el cese por pérdida de confianza de los directivos no es una invención local, sino una transposición del Real Decreto 6/2023, ratificado por el Congreso en enero de 2024.
Recordó que el reglamento ya fue debatido en el Pleno del 19 de noviembre de 2025 y que en esta sesión se abordaban exclusivamente las alegaciones. Apeló al Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 6 permite a la Asamblea dictar normas para el desarrollo de sus órganos, y defendió que la reforma busca “garantizar el funcionamiento eficaz y coherente de la Administración”.
Sobre la Secretaría del Consejo de Gobierno, afirmó que la figura existe desde 1996 y que siempre ha sido desempeñada por un funcionario del grupo A designado por el presidente. “No vulnera el artículo 92 bis de la Ley de Bases ni la normativa de habilitados nacionales”, aseguró.
En cuanto a la dedicación parcial, defendió que no es una “ocurrencia, no nos hemos inventado nada sacando un conejo de la chistera”, sino una figura legal, regulada y sometida a autorización previa, informe jurídico y control de conflicto de interés. “La dedicación parcial implica responsabilidad, presencia, horario, disponibilidad y rendición de cuentas. No significa menor compromiso”, sostuvo.
Añadió que “de hecho, la figura de la dedicación parcial evita sueldos inflados para cargos cuya carga funcional no justifica esa exclusividad”. Además criticó la postura de CpM. “Dice mucho de ustedes que no quieran votar a favor de esta dedicación parcial, porque dejan entrever que tienen muy poca confianza de volver a gobernar en Melilla y que realmente tienen confianza en que este Gobierno vuelva a gobernar en las siguientes elecciones”.
Resultado final
La votación se realizó en una sola actuación, tal como se elevó desde comisión. El Grupo Popular votó a favor; CpM, PSOE y Vox, en contra. Con 14 votos a favor y 7 en contra, la Asamblea aprobó por mayoría absoluta la desestimación de todas las alegaciones y la modificación definitiva del Reglamento de Gobierno y Administración, abriendo oficialmente la puerta a la dedicación parcial del presidente y de los miembros del Ejecutivo local.
Creando exclusivas diferencias, entre ciudadanos, para que se siga, con los rangos ancestrales; donde debería faltar tiempo, para dedicarlo, a la gobernabilidad de la población, se crea el privilegio, de hacer una mínima jornada (se considera una decisión a destiempo, negativa en la actualidad, que nos ocupa, por lo que, por su acción nociva, que presenta, demandamos, en el nombre de la población en general de los componentes de esta sociedad, no se lleve a efectos). (Se sugiere, que no se anteponga, los intereses personales, en tan noble labor, de gobernar a los pueblos).
¿El sueldo será también "parcial"?