La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha reclamado en la Comisión de Sanidad del Senado la realización “urgente” de una auditoría externa, independiente y exhaustiva sobre la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), tras los últimos informes publicados por el Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2020-2022 y 2022-2023.
Durante su intervención, Moreno sostuvo que las conclusiones del órgano fiscalizador dibujan “una realidad profundamente preocupante” en la gestión sanitaria de Ceuta y Melilla, territorios cuya asistencia sanitaria depende directamente del Ministerio de Sanidad. “No hablamos de irregularidades puntuales, sino de un modelo de gestión sostenido en el tiempo en el que la excepcionalidad se ha convertido en norma”, afirmó.
Según la senadora popular, más del 90% de los contratos analizados por el Tribunal de Cuentas fueron adjudicados sin publicidad ni libre concurrencia. “La contratación directa, la contratación a dedo, se ha convertido en la regla. La planificación brilla por su ausencia y los controles exigibles carecen de la robustez que requiere una materia tan sensible como la sanidad”, subrayó ante la Cámara Alta.
Moreno incidió en que la situación es especialmente grave en el contexto de Melilla y Ceuta, donde el sistema sanitario es “reducido y perfectamente delimitado”. En el caso melillense, recordó que la ciudad cuenta con un único hospital y cuatro centros de atención primaria. “No estamos hablando de una comunidad autónoma con decenas de hospitales y estructuras complejas. Estamos ante un sistema concentrado y plenamente dependiente del Ministerio. Por tanto, no caben excusas”, remarcó.
La parlamentaria popular enumeró algunas de las deficiencias señaladas en los informes, como diferencias significativas en los precios pagados por los mismos productos sanitarios —con variaciones que, según indicó, alcanzan en algunos casos el 400%—, compras realizadas sin el expediente legal correspondiente y sistemas informáticos “obsoletos y fragmentados” que impiden una adecuada trazabilidad de los procedimientos administrativos y del gasto público.
“Cuando el Tribunal de Cuentas denuncia que se han detectado hasta cinco precios distintos para un mismo producto sanitario, con un descontrol absoluto en las variaciones, alguien tendrá que asumir responsabilidades”, afirmó Moreno. “¿Cómo puede suceder esto en un lugar con un hospital y cuatro centros de salud?”, preguntó retóricamente.
Uno de los ejemplos que centró parte de su intervención fue el del robot quirúrgico Da Vinci, una tecnología de alta precisión valorada en más de dos millones de euros que, según denunció, permanece sin uso desde 2021. “Se gastan millones en equipamientos que acaban almacenados o caducados, mientras no se invierte en formar especialistas o en atraer médicos que puedan utilizar esa maquinaria puntera. Eso es una nefasta gestión de los recursos públicos”, aseguró.
La senadora también lamentó la falta de medidas efectivas tras la declaración de Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura sanitaria. “Tres años después no se ha llevado a efecto ni una sola medida real que permita atraer y retener profesionales. Mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentándose a listas de espera interminables y a una evidente falta de especialistas”, denunció.
En un tono especialmente crítico, Moreno vinculó la situación a lo que calificó como “abandono” por parte del Gobierno central. “Los últimos informes del Tribunal de Cuentas son la constatación de que nuestra sanidad está totalmente abandonada. Han convertido nuestra asistencia sanitaria en los juegos del hambre”, afirmó.
Asimismo, hizo referencia a la valoración de la sanidad en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y aseguró que Melilla se sitúa a la cola en percepción ciudadana. “Hasta el CIS ha reconocido que es la peor valoración de la sanidad en toda España”, apuntó.
En este contexto, el Grupo Popular ha presentado una moción en la que solicita, en primer lugar, la realización de una auditoría externa independiente que analice los procedimientos de contratación, la gestión de la bolsa de empleo, la planificación de recursos humanos, el control de compras y sobrecostes, la trazabilidad de los fondos y el cumplimiento de estándares de calidad asistencial.
La iniciativa también contempla la elaboración de un plan de acción con medidas concretas, presupuestos y plazos definidos; la modernización integral de los sistemas informáticos para garantizar la transparencia del gasto; la creación de un comité de seguimiento con representación institucional, profesional y social; y la rendición de cuentas ante el Senado en un plazo máximo de seis meses.
“Esto no es un debate ideológico. Es una exigencia de responsabilidad y de transparencia ante la gravedad de los informes”, defendió Moreno. “Si reconocen la gravedad de lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, deben apoyar esta auditoría. Y si creen que todo se ha gestionado correctamente, tampoco tienen nada que temer”, añadió.
Desde otros grupos parlamentarios se produjeron posiciones encontradas. Mientras el Grupo Mixto anunció su apoyo a la moción, el Grupo Socialista rechazó la propuesta al considerar que ya existen mecanismos de control suficientes y acusó al PP de obviar las mejoras realizadas en los últimos años.
En su turno de réplica, Moreno endureció el tono y preguntó directamente a los grupos de izquierda “qué tienen que ocultar para no querer llevar a cabo una auditoría externa independiente de verdad”. “Qué poco les gusta la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó.
La senadora concluyó apelando a la igualdad de derechos de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. “De Ingesa dependen cerca de 200.000 españoles que tenemos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a una sanidad digna, eficaz y planificada. Cuando hablamos de salud, hablamos de vidas. Detrás de cada contrato sanitario hay un paciente esperando un diagnóstico o un tratamiento”, sentenció.
Está señora parece que no vive en España y desconoce las listas de espera interminables en el tiempo,mucho mayores qu e en Melilla en cualquier provincia de cualquier Comunidad Autónoma,gestionadas la inmensa mayoría en la actualidad , por su partido,el PP..Y lo digo por propia experiencia.
Me parece bien y otra al gobierno de Imbroda. La Ley de Transparencia y buen gobierno es para todos. Ya está bien de fotitos, postureo y cortinas de humo.