El juez Peinado es el instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado como “demócratas de pacotilla” a quienes han cuestionado la actuación del juez Juan Carlos Peinado por su decisión de mandar al banquillo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos.
El dirigente melillense ha reprochado especialmente la actitud de algunos responsables públicos, a quienes acusa de no respetar la independencia judicial pese a afirmarlo públicamente. Fundamentalmente se refería a lo ministros Félix Bolaños y Óscar Puente, entre otros representantes socialistas.
Durante sus declaraciones, Imbroda ha señalado que existe una contradicción en quienes aseguran respaldar al Poder Judicial mientras, al mismo tiempo, critican la labor de determinados jueces. “Dicen que respetan lo que diga el Poder Judicial, pero luego van contra el juez”, ha afirmado, insistiendo en que este tipo de comportamientos evidencian una falta de coherencia y respeto institucional.
El presidente autonómico ha defendido la actuación del juez Peinado, subrayando que “está haciendo su trabajo” y que corresponde a la Justicia determinar el resultado del procedimiento contra Begoña Gómez. En este sentido, ha recordado que el sistema judicial español cuenta con distintas instancias y garantías, lo que, a su juicio, refuerza la seguridad jurídica.
Imbroda también ha hecho referencia a las críticas que el magistrado ha recibido desde el inicio de la instrucción de este caso de presunta corrupción, asegurando que “lo están machacando” desde entonces. En su intervención, ha reiterado que cuando algunas resoluciones judiciales no son del agrado de determinados sectores, estos reaccionan atacando a los jueces.
Asimismo, ha mencionado las respuestas de asociaciones judiciales y otros organismos, que han reclamado respeto hacia la labor de los jueces. En este contexto, ha considerado especialmente grave que las críticas procedan de miembros del Gobierno, al entender que deberían mantener una mayor “mesura” por la responsabilidad institucional que ostentan.
Estas declaraciones se producen tras la reciente polémica generada por manifestaciones de representantes del Ejecutivo, como el ministro de Justicia y el titular de Transportes, que cuestionaron la actuación del juez Peinado durante una comparecencia pública.
A ello se suma la controversia por las comunicaciones y quejas trasladadas en torno a la actuación del magistrado, en un contexto en el que también se ha planteado la posibilidad de revisar o sancionar determinadas actuaciones, lo que ha intensificado el debate institucional.
El episodio ha reavivado la discusión sobre los límites de la crítica política al Poder Judicial, así como sobre el papel de los órganos de gobierno de los jueces ante este tipo de situaciones. En este escenario, distintas voces han reclamado preservar la independencia judicial y evitar presiones externas durante los procesos en curso.
Imbroda ha insistido en que será la propia Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes en el proceso, recalcando la necesidad de permitir que los procedimientos sigan su curso sin injerencias externas.
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