El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha lanzado un duro mensaje en relación a la orden judicial que obliga a demoler una vivienda en el Cerro de Palma Santa por encontrarse en terreno afectado por la Ley de Defensa Nacional. Según ha explicado, se trata de una situación “muy dolorosa” en la que el Ejecutivo central ha dejado a la administración local sin margen de actuación, pese a que la orden proviene de un juzgado y está motivada por una normativa estatal.
“Estamos atados de pies y manos”, ha declarado Imbroda en un discurso en el que mostró su solidaridad con los vecinos afectados y recordó los esfuerzos de su Gobierno por dotar de servicios a este barrio melillense. “Es muy infeliz esta historia. Lo que pasa en el Cerro es que está en una zona afectada por la pista de carros, hasta la frontera, y toda esa franja está sujeta a las limitaciones de la Ley de Defensa Nacional, que es muy restrictiva y exigente”, explicó.
En esta zona, según ha recalcado el presidente, no se permite construir absolutamente nada de forma permanente. “Solo se podría poner algo prefabricado que se pudiera quitar, pero no una vivienda de obra, como la que ahora debe ser demolida”, indicó. La sentencia, ya firme, obliga a la Ciudad Autónoma a ejecutar la demolición de una casa de dos plantas, donde actualmente reside una familia. “Hay un auto judicial que dice que hay que tirarla abajo. Y nos lo pide el juzgado directamente a nosotros. Eso es lo más sangrante”, lamentó.
Imbroda ha recordado que, pese a las restricciones, en Palma Santa se ha formado una comunidad real a lo largo de los años. “Ya es una zona más de la ciudad. Hemos trabajado allí. No es lo mismo tener una calle de tierra sin agua que tener servicios básicos. Hemos ayudado a que la gente tuviera una vida más digna, dentro de lo que podíamos hacer”, señaló.
Sin embargo, la Ciudad Autónoma se ha encontrado con un muro legal al intentar formalizar esta realidad. “En su día pedimos permiso al Ministerio de Defensa para actuar en esa zona dentro de la modificación del Plan General de Urbanismo, pero nos lo denegaron. Nos dijeron que no podíamos hacer nada allí, ni regularizar la situación ni dotarla de legalidad. Así estamos: desamparados”, expresó.
Imbroda ha planteado la necesidad urgente de actualizar la Ley de Defensa Nacional, que afecta a una gran parte del territorio melillense. “Casi el 40% de la ciudad está condicionado por esta normativa. Eso no es sostenible. Hay que poner pie en pared y ver lo que está ocurriendo”, afirmó, subrayando que es el Gobierno central quien debe actuar. “Las leyes las hacen las Cortes. Alguien tiene que mover ficha y promover una reforma. Melilla no puede vivir con esta espada de Damocles sobre la cabeza”.
También ha recordado que en zonas como La Cañada de Hidum se logró una solución: se estableció un perímetro urbanizable y se respetó lo que quedaba fuera. “Ahí fuimos beligerantes y se pudo avanzar. Pero en Palma Santa no tenemos esa posibilidad”, indicó.
El presidente ha aclarado que la Comandancia General de Melilla no tiene responsabilidad en lo que ocurre. “Ellos solo actúan con la legislación que les dan. La clave está en cambiar esa ley desde Madrid. Y hacerlo cuanto antes”.
Con pesar, pero con firmeza, Imbroda concluyó reafirmando su apoyo a los vecinos. “Estoy con ellos. Conozco el barrio, he trabajado allí. Pero no puedo hacer más. El Gobierno de la Nación es quien tiene que dar una solución definitiva a este problema. Nosotros no podemos seguir siendo los ejecutores de decisiones ajenas que afectan a melillenses que solo quieren vivir con dignidad”, zanjó.
Qué poco respeto a la independencia judicial!El PP que tanto manosea el tema.Votos,votos,votos.