Los vecinos que residen en el Cerro de Palma Santa salieron ayer a la calle para defender a una familia cuya vivienda debe ser demolida por orden judicial como consecuencia de la aplicación de la Ley Nacional de la Defensa, que establece los límites de la zona residencial en ese sector de la ciudad. Afortunadamente, no se iniciaron los trabajos de destrucción de la casa, que consta de dos plantas y en la que residen varias personas.
El presidente melillense, Juan José Imbroda, se mostró solidario con esa familia y dejó claro que la Ciudad Autónoma estaba obligada por sentencia judicial a la demolición, algo que considera injusto y que, en su opinión, merece una solución por parte del Gobierno nacional, competente en la materia a través del Ministerio de Defensa. De hecho, recordó Imbroda que ya se hizo una operación de tales características en la Cañada de Hidum en su momento, de manera que se legalizó buena parte del barrio y se cumplió así una de las grandes reivindicaciones de aquellos vecinos.
El jefe del Ejecutivo local recordó que la Ciudad ha llevado a cabo muchas actuaciones urbanísticas en el Cerro de Palma Santa: dotación de infraestructuras, canalizaciones, zonas verdes, etcétera. Es decir, el Gobierno ha integrado esa pequeña barriada en el conjunto de Melilla mediante acciones decididas de apoyo a quienes allí habitan, que reclamaban disponer de servicios públicos básicos.
De ahí que se manifestara a favor del vecindario y pidiera públicamente soluciones a esos problemas que derivan de la aplicación de la norma sobre la defensa, que afecta nada menos que a un 40% del suelo melillense y que podría dar al traste con una vivienda que es fruto del esfuerzo de toda una vida de una familia cuyo único objetivo es conservar su casa y seguir teniendo ese techo bajo el que cobijarse.
Es de la mayor importancia resaltar lo imprescindible de que el Gobierno de España tome cartas en el asunto y que la Delegación actúe urgentemente para paralizar el derribo. Hay que articular alguna fórmula que, tomando como referencia lo sucedido en la Cañada de Hidum, permita a esos vecinos no vivir con la demolición de sus casas como una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Se trata de dar la cara y ponerse a trabajar, gestionar con Madrid que esa orden de eliminación de la casa no afecte a ninguna otra familia. Y eso hay que hacerlo desde ya con compromiso y priorizando el interés de esos melillenses a la obediencia sanchista tan habitual en el edificio gubernativo.
