El Colectivo Ecologista Guelaya ha publicado un comunicado en el que denuncia un control "absolutamente deficiente" del servicio de agua en Melilla. La organización ha cruzado los datos oficiales de Medio Ambiente con los registros de la depuradora y asegura que las conclusiones son "alarmantes": casi la mitad del agua que se consume en la ciudad no se factura, la cifra oficial de consumo por habitante es inverosímil y la población real de Melilla supera con creces la que figura en el padrón municipal.
El primer problema que señala Guelaya es el del agua que el colectivo denomina "fantasma". Según sus cálculos, el 65% del agua inyectada en la red no se cobra, un porcentaje que la propia Ciudad Autónoma reconoce oficialmente y que triplica la media española, situada en el 23%. Sin embargo, Guelaya matiza que las pérdidas reales por fugas en las tuberías no superan el 20%, una cifra que considera normal dado el estado de la red. La diferencia, un 45%, corresponde a agua que se consume pero que nadie paga. "Al ser gratis para muchos, el riesgo de que se esté derrochando es enorme", advierte el comunicado.
El segundo foco de denuncia es el dato oficial de consumo por habitante: 400 litros diarios por persona. Guelaya, que ya señaló esta cifra en ocasiones anteriores, insiste en que es físicamente imposible que un melillense gaste esa cantidad de forma individual y que el dato, tal y como se presenta, "tiene truco".
De la combinación de ambos factores, la organización extrae su conclusión más llamativa: si las tuberías no pierden tanto agua y nadie consume 400 litros al día, la única explicación es que en Melilla vive mucha más gente de la que está registrada. Guelaya estima que la población real de la ciudad ronda los 110.000 habitantes, muy por encima de las cifras oficiales del padrón.
Las críticas sobre la gestión del agua en Melilla son recurrentes entre los partidos de la oposición, el propio colectivo ecologista y los ciudadanos en las redes sociales. Ante esta situación, Guelaya exige una auditoría a fondo del servicio, la regularización de todos los contadores de la ciudad y que las autoridades "asuman el control real del territorio".
