Siempre los distintos gobiernos han intentado, de una manera o de otra, controlar a los ciudadanos a la hora de las críticas que se puedan hacer contra su gestión. Ha existido siempre y continuará existiendo, pero en unas circunstancias como las actuales el Gobierno está demostrando algunos tics que son peligrosos y más en un sistema democrático. La primera de ellas ha sido la obligación que la oposición ha logrado para que el Ejecutivo se presente en las Cortes Generales para someterse a las sesiones de control. En la práctica, desde la declaración del estado de alarma, se apartó al Parlamento de un plumazo y se quedaba nada más para votar las renovaciones de las correspondientes estados de alarma. Ni en los estados de guerra han llegado a desaparecer en la práctica los Parlamentos en los regímenes democráticos. Al final tuvieron que torcer la cerviz y comenzar a dar explicaciones a las preguntas de la oposición.
Luego, nos encontramos con la pregunta que aborda el CIS en su última consulta a los ciudadanos, preguntando si se veía conveniente recortar la libertad de expresión y que nada más que haya una sola voz para la comunicación de las versiones oficiales. Un intento por cerrar la opinión de otros cargos públicos como los dirigentes autonómicos o locales. Un intento de una opinión uniforme para todos sin posibilidad a la discrepancia.
Un CIS que ya ha levantado muchas polémicas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Se ha criticado muchas veces que se intentan cocinar los resultados para favorecer al Ejecutivo.
Pero no terminamos ahí y resulta que nos sale el portavoz de la Guardia Civil en las ruedas de prensa diarias del comité técnico que asesora al Gobierno para decir que se habían dado instrucciones para analizar todas las redes sociales donde se publicaran noticias que pudieran prestarse a desafección de la labor del Gobierno durante la gestión del coronavirus. Al día siguiente, el secretario de Estado para la Información que es quien ofrece las preguntas que les llegan por parte de los medios no llegó a hacer ninguna de las que le llegaron sobre esta materia que levantó la lógica polémica. Veinticuatro horas después no le ha quedado más remedio que plantearlas y el general de la Guardia Civil no ha sabido dar las oportunas explicaciones.
Sin embargo, la última pedrada del Gobierno a la libertad de expresión es su opinión vertida en la comparecencia realizada en la noche de ayer donde dijo que se podrían haber obtenido mejores resultados si quienes han criticado hubieran apoyado hombro con hombro.
Y lo dice el ministro que peor valoración tiene del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Illa ha ido dando bandazos de un lado hacia otro a lo largo de este último mes y medio. Es un intento de culpar a los demás de la incapacidad que está demostrando.
Por tanto, seguro que todavía nos quedan más sorpresas a lo largo de los próximos días.
