TIENE su mérito en una persona como María Antonia Garbín, que desconoce qué utilidad puede tener el contar en nuestro idioma con el verbo ‘rectificar’.
La consejera de Bienestar Social se ha tomado su tiempo, pero ayer, por fin, cayó en la cuenta de que estaba equivocada. La Ciudad no puede desentenderse de la tutela de un menor extranjero no acompañado (mena) por el simple hecho de que éste abandone La Purísima y no regrese en 24 horas. Hasta ahora ése era el procedimiento que llevaba a cabo la consejera e insistía en que era legal. Por el contrario, habían dicho que no era así el Defensor del Menor de Andalucía, el psicólogo y ex defensor del Menor de Madrid, Javier Urra, e innumerables ONGs. Incluso en marzo, en un consejo sectorial de inmigración, se propuso limitar a seis meses el tiempo de tutela sobre menas ausentes. Nada de todo ello valió a Garbín, que llegó a desmentir al consejero extremeño de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, quien al término de la reunión para modificar la ley informó del cambio que habían acordado los presentes. Entre ellos no se encontraba Garbín, pero eso no fue impedimento para que nuestra consejera negara todo lo que ayer, por fin, acabó reconociendo.
En primer lugar, la consejera ya ha asimilado que la Ciudad no puede dejar de tutelar un mena hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que deje de estar en situación de desamparo (sea devuelto a su familia, por ejemplo) o hasta que se haya hecho todo lo posible por localizarlo tras ausentarse el menor de forma voluntaria. Ahora Garbín también está de acuerdo con la propuesta de fijar ese periodo de ‘búsqueda’ del mena ausente en un máximo de seis meses y no en sólo 24 horas, como venía aplicándose en La Purísima.
Conseguido el objetivo de que Garbín comprenda la ley y logrado su compromiso de respetarla, no merece la pena entrar en nuevas polémicas con la titular de Bienestar Social, aunque no falten motivos para ello. Ayer, de hecho, manifestó que no es su intención desatender a los melillenses para dar prioridad a los sirios. Sobra decir que nadie le ha pedido a Garbín eso ni lo contario. Basta con recordarle que su obligación es atender con la máxima celeridad y efectividad a unos y a otros.
En cambio, sí merece la pena destacar las palabras del ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz afirmó ayer que el Gobierno quiere dar “más seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla para que nadie la pueda cuestionar”. Y aseguró que hay un grupo (de expertos en Derecho, se entiende) que está trabajando en esta línea analizando la legislación española y comunitaria con el fin de respaldar la actuación de la Guardia Civil y de hacerla compatible con los derechos de las personas. No aclaró el ministro qué ocurrirá si ese ‘grupo’ fracasa en el intento ni qué sucedería si estos ‘expertos’ le ponen encima de la mesa de su despacho un informe en el que concluyen que las últimas actuaciones de los guardias civiles no están amparadas por la ley. Cómo quedaría entonces el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, al que el ministro apoyó ayer públicamente y que ha tenido que declarar ante un juez por una veintena de controvertidas entregas o devoluciones de inmigrantes a Marruecos.
Para rematar sus declaraciones, Fernández Díaz manifestó que “es evidente que los protocolos de actuaciones” de la Guardia Civil “están de acuerdo con lo que dice la ley”. Entonces, si es así, para qué hace falta dar “más seguridad jurídica” a los agentes, para qué un grupo (de expertos en Derecho) está analizando la legislación española y comunitaria.
Le ocurrió a Garbín y parece que le está sucediendo lo mismo a Fernández Díaz. A veces sólo es cuestión de tiempo. Lo pudimos ver ayer. Tras semanas de controversia y como quien no quiere la cosa, la consejera reculó, lo hizo en Rostrogordo.
