La consejera declarará el próximo 12 de septiembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. l También están imputados el interventor de la Ciudad y los letrados que prestaron sus servicios
La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, tendrá que declarar el próximo 12 de septiembre ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla como imputada en un caso de presunto delito continuado de prevaricación administrativa. Además, estará ante el juez el interventor de la Ciudad Autónoma, Francisco Javier Platero, también imputado por complicidad en un delito de prevaricación administrativa.
Las imputaciones forman parte de la investigación abierta por este juzgado sobre la contratación de letrados externos que supuestamente se hicieron desde la Consejería de Bienestar Social entre los años 2002 y 2011.
Según el auto del 18 de agosto, al que ha tenido acceso El Faro, la investigación pretende aclarar si las contrataciones de los letrados se hicieron conforme a la legislación vigente. En el documento judicial se indica que las pesquisas realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, apuntan que la Consejería de Bienestar Social habría podido contratar a cuatro abogados durante estos diez años sin cumplir las previsiones legales que rigen la contratación administrativa, “pretendiendo lograr la designación directa de los letrados mediante el fraccionamiento de los pagos y la omisión de la actividad interventora”, recoge el auto.
En concreto, en el auto señala que al haber realizado las contrataciones por este procedimiento, esto podría haber provocado que los contratos se adjudicaran de forma directa a los mismos cuatro abogados de forma sucesiva, eludiendo el principio de publicidad e incumpliendo los procedimientos previstos en la normativa contractual. “De esta manera, se habría establecido una manera de contratar por la Consejería de Bienestar Social similar a un contrato entre particulares, prescindiendo de todo procedimiento que posibilitara la concurrencia de otros profesionales”, indica el documento.
El auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla subraya, además, que se ha detectado que los abogados pudieron recibir remuneraciones “extra contractuales” en forma de dietas y recepción de cursos, que deberían estar incluidas en los pagos pactados previamente. Asimismo, señala que no existe justificación de por qué se enviaba a los letrados a realizar estas actividades formativas, un hecho que según destaca el documento, deberá ser aclarado.
En cuanto a la función interventora, el auto señala que no consta que F. J. Platero, analizase “la legalidad a fin de suspender la tramitación de la documentación contable ante la posible omisión de trámites esenciales y, muy singularmente, la reiteración en el tiempo de una forma de contratar que podría ser contraria a la concurrencia”.
De acuerdo con el auto, la imputación de Garbín se justifica porque fue ella la que firmó los contratos suscritos en nombre de la Consejería de Bienestar Social con los abogados J.F.M.B., P.J.M.J., E.M.M.S. y N.M.P.. Por su parte al interventor , Francisco Javier Platero Lázaro, se le responsabiliza del pago de las facturas correspondientes a los contratos de estos letrados.
También tendrán que acudir a declarar ante el juez los cuatro abogados para que expliquen la forma en la que se efectuaron esos contratos, la reiteración de los mismos a pesar de que tenían un único objeto social, la retribución de contraprestaciones contractuales en forma de dietas por asistencia a cursos y su grado de conocimiento de la posible ilegalidad que se estaba cometiendo al formalizarse estos contratos. Los letrados están imputados por supuesta complicidad en un delito de prevaricación administrativa.
Este periódico intentó contactar ayer con la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, pero ella no respondió a las llamadas telefónicas.
