Pese a los gestos diplomáticos del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Marruecos, los principales retos en la relación bilateral entre ambos países siguen sin resolverse. Las cesiones de Madrid, como el histórico giro sobre el Sáhara Occidental en 2022, no se han traducido en avances sustanciales en cuestiones esenciales como la soberanía de Ceuta y Melilla, la gestión migratoria, la delimitación marítima con Canarias o la plena apertura de las aduanas comerciales.
Según informa La Razón, fuentes diplomáticas alertan de que el Ejecutivo español ha adoptado una política de concesiones que, lejos de acercar posiciones, ha permitido que Marruecos refuerce su postura sin ceder en ninguno de los puntos estratégicos que preocupan a España. En otras palabras, Rabat estaría “comprando tiempo” y consolidando sus intereses sin realizar contraprestaciones concretas.
Uno de los puntos más delicados es la cuestión territorial. Marruecos mantiene su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla, a pesar de los acuerdos de “buena vecindad” impulsados desde Madrid. Las ciudades autónomas continúan fuera de la cobertura de la OTAN, y el país vecino sigue incluyendo ambos territorios en sus mapas oficiales, lo que alimenta la preocupación en sectores políticos y diplomáticos españoles.
A esta tensión se suma el estancamiento en la apertura completa de las aduanas comerciales. A pesar de los anuncios del Gobierno sobre su inminente puesta en marcha, tanto en Melilla como en Ceuta, el proceso sigue bloqueado. Las promesas hechas en 2022 para normalizar el tránsito y el comercio siguen sin concretarse más de tres años después, lo que genera frustración entre empresarios y autoridades locales.
En el ámbito marítimo, la delimitación de las aguas frente a Canarias también representa un punto de fricción. Marruecos ha avanzado de manera unilateral en su legislación interna para ampliar su zona económica exclusiva, lo que choca con los intereses estratégicos y medioambientales de España. La falta de un acuerdo conjunto sigue siendo una fuente de incertidumbre.
El segundo gran eje de tensión es la gestión de los flujos migratorios. Aunque Rabat ha colaborado parcialmente en el control de salidas hacia las costas españolas, las llegadas de embarcaciones a Canarias no han cesado, y se producen repuntes en momentos clave, lo que algunos analistas interpretan como un mecanismo de presión política. España, por su parte, ha optado por mantener un perfil bajo, priorizando la estabilidad en la relación y evitando declaraciones públicas que puedan incomodar al régimen marroquí.
Fuentes consultadas por La Razón aseguran que Rabat percibe las decisiones del Gobierno de Sánchez como una señal de debilidad estratégica. La reciente consolidación del respaldo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara ha sido interpretada como una victoria diplomática en Rabat. Sin embargo, desde entonces, el Reino alauí ha intensificado sus gestiones internacionales para aislar a la representación del Frente Polisario, mientras España observa los movimientos desde una posición cada vez más pasiva.
Desde la oposición, se critica la falta de resultados tangibles en esta nueva etapa de relaciones. La política de “mano tendida” no ha servido, hasta el momento, para garantizar los intereses estratégicos del Estado español en el norte de África, ni para blindar los derechos de sus ciudadanos en territorios fronterizos. “Sánchez ha dado mucho y ha recibido muy poco”, señalan fuentes parlamentarias a La Razón.
Mientras tanto, Marruecos continúa su fortalecimiento en la región, con el respaldo de aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel, y sin señales claras de querer ceder en sus pretensiones sobre los territorios del norte. Para España, el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre la diplomacia y la firmeza, sin comprometer su soberanía ni su proyección geopolítica.
