Envían una queja al Defensor del Pueblo a favor de los derechos de los fallecidos en la frontera sur

Con el impulso de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y activistas internacionales, la recién creada campaña #VidasSinRastro ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que se realicen las formalidades destinadas a garantizar los derechos de fallecidos y desaparecidos en la frontera sur, así como los de sus familiares.

La iniciativa, que ya ha recibido la aprobación de poco más de un centenar de organizaciones, surge para evitar que sigan ocurriendo tragedias como las de los días 9 y 10 de mayo, en los cuales murieron al menos 72 personas en la ruta canaria. Datos estos que contrastan con declaraciones realizadas el lunes por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ponderó la disminución en un 45 por ciento de los arribos de inmigrantes a las Islas Canarias, tras el refuerzo de la cooperación migratoria con el Gobierno marroquí.

Entre sus propuestas, la campaña pretende crear una oficina de atención integral a las familias, convenios con los países de origen o un protocolo para el banco de ADN.

Según aclara la nota de prensa, “no existe un protocolo claro, con medidas reales y adaptadas” a las circunstancias que ocurren constantemente en la mencionada zona fronteriza.

Debido a la ausencia de ello, el texto refiere que en muchas ocasiones los parientes deben depender de las voluntades de algunos funcionarios para saber dónde se hallan sus seres queridos, muchos de los cuales luego pueden aparecer sepultados “con el nombre de ‘desconocido’ o de ‘inmigrante’, despojándoles así de toda dignidad”.

Asimismo, en el documento se reprocha la desprotección por parte de las instituciones y se habla de la necesidad de analizar estas problemáticas a partir de un criterio que incluya a varios países. La ausencia de un enfoque multinacional ha provocado que se vulneren varios derechos a lo largo de los años.

“Esta inacción y opacidad es una forma voluntaria de castigo o tortura hacia las familias y de deshumanización hacia las personas que deciden, o no tienen más remedio que emprender un proceso migratorio”, refleja el comunicado.