Los jueces y fiscales de Melilla ayer volvieron a protagonizar, por cuarta semana consecutiva, un paro de una hora. De este modo pretendían reivindicar más independencia y una justicia de mayor calidad. La movilización se desarrolló de 12:00 a 13:00 horas, como establecía el calendario de movilizaciones convocado por las asociaciones de estos profesionales. La siguiente acción señalada en el calendario es la huelga general. De no llegarse a un acuerdo en las negociaciones, como los jueces y fiscales tienen ya asumido, la huelga tendrá lugar el próximo jueves. Según avanzó ayer la fiscal jefe de Melilla, María Isabel Martín, casi toda la plantilla de la Fiscalía de nuestra ciudad está decidida a sumarse.
Martín explicó que, para el próximo día 22, sólo contemplan cubrir los servicios mínimos, al igual que los jueces. Esto puede implicar la presencia de dos o tres fiscales, aunque la plantilla está formada por ocho trabajadores, además de dos refuerzos. Los servicios que se cubrirían son los que, por sus peculiariades, tienen carácter urgente, como las guardias o las causas en las que hay presos.
“Aunque la mayoría de los fiscales me lo han dicho, estoy pendiente de que me notifiquen por escrito quién ejercerá su derecho para que se haga el trabajo correspondiente de planificación de cara al 22 de mayo”, aclaró Martín.
Autonomía presupuestaria
Según insistió la fiscal jefe de Melilla, es necesario que se dote a la Fiscalía de una mayor autonomía presupuestaria. “Actualmente dependemos del Ministerio de Justicia y lo que queremos es que nuestra partida salga de una memoria de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que el Consejo General del Poder Judicial está dotado de un poder presupuestario”, afirmó Marín. Al respecto, incidió en que la dependencia del Ministerio de Justicia se nota, entre otras cosas, “en la falta de medios dignos para que se nos dote de un sistema de formación adecuado”.
“Tambié pedimos que se nombre al fiscal general del Estado de manera independiente al Gobierno, para evitar esa injerencia del poder político sobre el poder judicial”, subrayó Martín. Otro de los puntos que reclaman los profesionales es que se suprima el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Lo que establece es un sistema de plazos que es del todo inoperante”. criticó la fiscal jefe.
Digitalización
Por otro lado, avanzaba que el día 11 de junio tendrá lugar la implantación de la Fiscalía digital. “No nos oponemos a las nuevas tecnologías, pero para ello se han de poner los medios técnicos y modernos que nos permitan llevar a cabo nuestra función”, señaló Martín.
Sobre este asunto, recalcó que actualmente no disponen de las herramientas necesarias. “El mininisterio nos dotó de cinco aplicaciones informáticas y tardamos en entrar a cada una de ellas unos cinco o diez minutos”, apuntó. En consecuencia, la fiscal jefa lamentó la ralentización tan importante que supone para los profesionales.
“Si el ministerio sigue sin atender nuestras peticiones después del próximo 22, tendremos razones más que suficientes para seguir reivindicando una justicia digna, de calidad y más independiente”, zanjó Martín.
