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Empiezan los registros en domicilios de empresarios presuntamente relacionados con la trama de la compra de votos

La Policía Nacional actúa en estos momentos en la calle Méjico, en la zona alta de Cabreriza, en los altos del Real y en el barrio del Hipódromo

Desde primeras horas de esta mañana empezaron los registros en los domicilios de un número indeterminado de empresarios presuntamente relacionados con la trama de la compra de votos que investiga bajo secreto el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla y, en consecuencia, con el supuesto amaño de contratos públicos que, por importe de 6 millones de euros, centra la llamada operación Santiago-Rusadir.

Antes de las 8 de la mañana, funcionarios de la Policía Nacional entraron en las viviendas de dos de estos empresarios, concretamente en la calle Méjico,  en la zona alta de Cabrerizas. Estas personas tendrían a su cargo cuatro empresas presuntamente contratadas por la Ciudad Autónoma bajo el Gobierno de Eduardo de Castro constituido con la participación de CpM y el PSOE.

Entre dichas empresas estaría Arafat Moon, la sociedad en la que participaba la madre del otrora consejero de Turismo del PSOE en el Gobierno anterior, Mohamed Mohamed. Arafat Moon saltó a los medios de comunicación hace unos años, concretamente en 2021, cuando el PP denunció públicamente que el exconsejero socialista había formado una empresa con el Grupo Luna, que puso a nombre de su madre y a la que posteriormente concedió una subvención pública desde Promesa. Al conocerse la noticia, la mujer vendió las acciones del negocio y Arafat Moon retiró la petición de la citada subvención.

Mohamed Mohamed Ahmed fue cesado por el entonces presidente De Castro a petición de la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, al considerar ésta que se estaba produciendo un daño a la imagen del partido local por la polémica en torno a una ayuda solicitada por un familiar de Mohand a Promesa.

Este representante socialista, que dejó la Consejería pero no el acta de diputado, estuvo también relacionado con una fiesta de amigos cuando aún existían restricciones motivadas por la pandemia del covid. El PP pidió entonces su cese argumentando que “las familias no pueden reunirse ni en sus momentos más luctuosos, ni podemos siquiera tener un pequeño encuentro con nuestros seres queridos” mientras el consejero disfrutaba de una celebración en torno a un paella.

 

 

 

 

 

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