El Tribunal de Cuentas señala irregularidades en la gestión del Ingesa en Melilla durante 2022 y 2023

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de España, ha señalado directamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, por una serie de irregularidades detectadas en la contratación de servicios y en distintos procedimientos de gestión correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023. Estas observaciones han sido recogidas en la Memoria 2025 de la institución, en la que se detallan diversas deficiencias que afectan al funcionamiento del sistema sanitario en Melilla.

Según recoge el informe, la prestación de la asistencia sanitaria especializada por parte del Hospital Comarcal de Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad al no estar transferidas las competencias en la ciudad autónoma, se ha visto afectada de manera negativa por una serie de debilidades estructurales y operativas. El documento subraya que existen «deficiencias y debilidades detectadas en las diferentes áreas y procedimientos analizados», lo que repercute directamente en el desarrollo de la actividad asistencial.

Uno de los primeros aspectos que critica el Tribunal de Cuentas es la ausencia de un plan de salud específico para el Área sanitaria de Melilla. Asimismo, también pone de relieve la inexistencia de un plan de carácter general para el conjunto del territorio gestionado por el INGESA. Esta carencia, según el órgano fiscalizador, limita la capacidad de planificación estratégica y dificulta la organización eficiente de los recursos sanitarios disponibles.

En el ámbito de los sistemas de información, el informe advierte que estos presentan un nivel insuficiente de integración e interoperabilidad. Esta situación, tal y como señala el Tribunal de Cuentas, dificulta el trabajo coordinado entre los distintos servicios y limita el adecuado intercambio de información, lo que puede repercutir en la calidad y eficiencia de la atención sanitaria.

Otro de los puntos señalados es el elevado índice de temporalidad en la plantilla. A cierre de 2023, el porcentaje de puestos ocupados de forma temporal se sitúa en el 23 %, una cifra que supera ampliamente el límite recomendado, que debería estar por debajo del 8 % en las plazas estructurales. Este dato refleja una situación de inestabilidad laboral que, según se desprende del informe, afecta al funcionamiento ordinario del sistema.

Además, el Tribunal de Cuentas identifica deficiencias relevantes relacionadas con la gestión del personal. Entre ellas, destaca la ausencia de mecanismos eficaces para verificar la presencialidad de los trabajadores, así como carencias en el control de las retribuciones variables. Estas debilidades, según el órgano fiscalizador, evidencian fallos en los sistemas de supervisión interna.

En relación con la gestión de los recursos materiales, el informe señala que el 93 % de los aprovisionamientos se han realizado mediante compras directas, es decir, sin recurrir a procedimientos abiertos de contratación. Esta práctica, según el Tribunal de Cuentas, incumple los principios de publicidad y transparencia que deben regir la contratación pública. Asimismo, se han detectado carencias tanto en la fundamentación de estas adquisiciones como en el control de las asistencias sanitarias prestadas con medios ajenos.

Uno de los apartados más destacados del informe hace referencia a las irregularidades detectadas en la contratación de servicios esenciales como limpieza, seguridad, restauración y tratamiento de residuos. En estos casos, el Tribunal de Cuentas señala que se ha recurrido a la prolongación irregular de los contratos, además de haberse superado el importe inicialmente previsto en los mismos.

Estas prácticas, tal y como recoge el documento, reflejan deficiencias en la gestión contractual y en el seguimiento de los servicios externalizados, lo que supone un incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos. El órgano fiscalizador subraya que este tipo de actuaciones comprometen los principios de legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En conjunto, las conclusiones del Tribunal de Cuentas ponen de manifiesto una serie de debilidades en la gestión del INGESA en Melilla durante los años analizados. Las deficiencias detectadas abarcan desde la planificación sanitaria hasta la contratación de servicios, pasando por la gestión del personal y los sistemas de información.

El informe, recogido en la Memoria 2025, evidencia así la necesidad de corregir estas situaciones para garantizar un funcionamiento más eficiente, transparente y adecuado del sistema sanitario en la ciudad autónoma, siempre dentro del marco de las competencias que actualmente dependen del Ministerio de Sanidad.