El Tribunal de Cuentas ha impuesto una sanción económica de 4.000 euros a Coalición por Melilla (CpM) por no colaborar en el proceso de fiscalización de los gastos electorales correspondientes a las elecciones municipales de mayo de 2023. Según ha publicado el medio nacional PressDigital, la formación melillense incumplió el deber legal de facilitar la información requerida, en lo que el Tribunal considera una infracción grave de la normativa vigente.
CpM ha sido sancionada por infringir lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos, que obliga a todas las formaciones a presentar su contabilidad electoral y responder a los requerimientos del órgano fiscalizador. La formación no aportó la documentación solicitada ni atendió los avisos enviados, lo que impidió examinar el destino y justificación de los fondos utilizados durante la campaña.
“El partido ha sido sancionado con 4.000 euros por infringir el deber de colaboración con el fiscalizador en el examen de las contabilidades electorales de los últimos comicios locales”, recoge textualmente la resolución a la que ha tenido acceso PressDigital.
La actitud de CpM ha sido calificada como obstruccionista por el órgano de control, que señala que no solo hubo un incumplimiento formal, sino una resistencia activa a permitir la fiscalización pública del uso de recursos, lo que atenta directamente contra los principios de transparencia que deben regir la actividad política.
Este no es un hecho aislado. Tal como informó en mayo El Faro de Melilla en junio pasado, tanto CpM como Somos Melilla ya estaban en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por no entregar documentación relativa a ejercicios anteriores. En ese momento, el Tribunal alertó de la opacidad contable de estas formaciones y la ausencia de justificación sobre sus ingresos y gastos electorales.
La situación se agrava al tratarse de reiteraciones en el incumplimiento, ya que CpM viene siendo señalada por su falta de transparencia financiera desde hace años. La formación, históricamente liderada por Mustafa Aberchán, ha acumulado advertencias e investigaciones relacionadas con su escasa rendición de cuentas ante las instituciones públicas.
La resolución del Tribunal de Cuentas subraya la importancia del control y la legalidad en la financiación de los partidos políticos, especialmente cuando se trata de fondos públicos destinados a campañas electorales. El incumplimiento del deber de colaboración compromete la transparencia democrática y erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Hasta el momento, CpM no ha emitido comunicado oficial ni ofrecido explicación pública alguna sobre la sanción impuesta. Este silencio institucional alimenta aún más las dudas sobre su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia exigible en el ámbito político.
La sanción económica, aunque limitada en cuantía, representa un serio aviso institucional y supone un nuevo golpe a la credibilidad de la formación, ya de por sí cuestionada por anteriores episodios relacionados con la gestión de fondos públicos. El Tribunal de Cuentas ha dejado claro que no tolerará actitudes obstruccionistas ni el ocultamiento de información cuando se trata de garantizar el buen uso del dinero público.









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