El Tribunal de Cuentas lanza luces y sombras sobre la gestión presupuestaria de 2021

El Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno de Melilla a reforzar de forma urgente sus mecanismos de control presupuestario y a aprobar cada año un plan de control financiero que incluya actuaciones permanentes y una auditoría pública durante el ejercicio. La advertencia forma parte del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma correspondiente a 2021, cuando la Ciudad estaba en manos de CpM y el PSOE, aprobado en junio pasado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado.

El documento alerta de que la administración melillense incurrió ese año en modificaciones presupuestarias “demasiado recurrentes” y, en varios casos, carentes de la justificación exigida por la normativa. En concreto, se tramitaron tres créditos extraordinarios y dos suplementos por valor de 11 millones de euros sin acreditar el carácter específico y determinado del gasto ni la imposibilidad de demorarlo al ejercicio siguiente.

Además, al cierre de 2021, quedaron sin ejecutar 8 millones de euros y el resultado presupuestario estaba sobrevalorado en 7 millones. El remanente de tesorería, cifrado en 139 millones, también presentaba una sobrevaloración de 4 millones, lo que, según el Tribunal de Cuentas, distorsiona la visión real de la situación financiera a corto plazo de la Administración General.

Otro de los puntos críticos señalados por el órgano fiscalizador es la ausencia de un inventario completo, actualizado e informatizado que esté conectado con el sistema contable. Esta carencia impide, advierte el informe, controlar de forma individualizada los bienes del inmovilizado y dificulta la evaluación de la amortización por depreciación de los activos durante el ejercicio.

En su análisis, el Tribunal de Cuentas reconoce que la Cuenta General de 2021 refleja fielmente la situación económica, financiera y patrimonial de la Ciudad Autónoma, aunque con salvedades relevantes, como las limitaciones relativas al inmovilizado y la imposibilidad de emitir opinión sobre una sociedad pública por falta de información.

Entre las recomendaciones, la Comisión Mixta emplaza a la Ciudad Autónoma a depurar su técnica presupuestaria, evitar el uso excesivo de modificaciones de crédito y garantizar la disponibilidad de las fuentes de financiación antes de iniciar el gasto. También le insta a separar las funciones de contabilidad y control de la gestión económico-financiera, revisar los procedimientos de tramitación de facturas y certificaciones de obras para acortar los plazos de pago y convocar las plazas vacantes de funcionarios de habilitación nacional.

El informe cifra en 477 millones de euros el presupuesto consolidado gestionado por el sector público de la Ciudad Autónoma en 2021, con un gasto consolidado de 289 millones. En aquel momento, el Ejecutivo estaba presidido por Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos, y conformado mayoritariamente por Coalición por Melilla (CPM) y PSOE, fuerzas que ahora están en la oposición.

La Comisión Mixta también remarca la necesidad de que Melilla asuma la importancia de las aportaciones procedentes de los fondos vinculados con los mecanismos de compensación y solidaridad interterritorial, dada la insuficiencia de recursos propios tanto en la ciudad como en Ceuta, para así garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos sin incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Asimismo, el órgano parlamentario advierte de que siguen pendientes de cumplimiento cinco recomendaciones previas del Tribunal de Cuentas. Entre ellas, medidas para reforzar la transparencia, mejorar la exactitud de la información contable y garantizar que los presupuestos reflejen de forma más precisa la realidad financiera de la ciudad.

Por último, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno a eliminar “todo gasto ideológico para reducir los niveles de deuda pública y el endeudamiento de las administraciones regionales para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales” sin aumentar la factura tributaria a los contribuyentes.