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Inicio » Editorial

El Supremo no decide sobre el burka

por Redacción El Faro
01/03/2013 23:32 CET

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La última sentencia sobre el burka dictada por el Tribunal Supremo no entra en la cuestión de si el uso de esta prenda vulnera principios recogidos en la Constitución. Sólo señala que quien ha pretendido abordar el problema, el alcalde de Lérida, no cuenta con la suficiente capacidad legislativa para ello. El asunto debe abordarse primero en un órgano legislador superior a un ayuntamiento para establecer la regulación que se considere oportuna. Por lo tanto, el Alto Tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión. Sólo ha señalado que una ordenanza municipal no puede regular sobre este asunto sin una ley previa que establezca dónde está el límite para el ejercicio fundamental de libertad religiosa.
No obstante, el Supremo sí afirma que no ha quedado demostrado que el uso del velo integral perturbe la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público. Probablemente los jueces pretenden decir que no pueden decidir sobre ningún asunto sin la presentación de las pertinentes pruebas documentales, informes policiales o referencias a la jurisprudencia relacionada con el asunto. Pero lo que han dicho, según la información remitida por las agencias de prensa, es que no están de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el perjuicio que supone para la seguridad el uso del velo integral. La sentencia del Supremo califica de “sumarias y carentes de desarrollo” las conclusiones del TSJC. Quizá tenga razón el Alto Tribunal y la sentencia de los magistrados catalanes adolezca de determinados errores técnicos, pero está sobrada de sentido común. Que el Supremo necesite cumplir determinados formalismos para poder tomar una decisión no implica quitar todo el valor que como prueba tiene lo evidente. En este sentido, cualquier policía, guardia civil, vigilante jurado, responsable de seguridad o simple ciudadano con un mínimo sentido común puede afirmar que la imposibilidad de identificar visualmente a una persona es un grave problema para la protección de las personas y bienes tanto en edificios como en espacios públicos.

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