El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Melilla, Jesús Ruiz Barranco, ha apoyado la idea expresada por CSIF el pasado miércoles -cuando anunció que, si la licitación de Muface queda desierta y no se llega a un acuerdo para la asistencia sanitaria a estos funcionarios, convocará una huelga para la primera quincena de febrero-, pero ha matizado que “esa medida de presión” la pueden tomar los sindicatos de clase. A diferencia los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), quienes sí pueden hacer huelga, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, “lamentablemente, no”, ha explicado. “Nosotros la haríamos si nos lo permitiera la ley”, ha manifestado.
Ruiz Barranco ha insistido en que ellos están a favor de “todas las medidas de presión dirigidas a revertir la situación que está pasando ahora”, ya que, cuando apenas queda tiempo hasta el plazo límite del 27 de enero, “parece que no se va a llegar a ningún acuerdo ni las aseguradoras van a coger la licitación”. Tampoco tiene la sensación de que vaya a haber más prórrogas.
Aunque, pese a todo, quiere mantener la esperanza hasta el último momento, el dirigente del SUP no lo ve “claro” y se marca ese plazo hasta el día 27 para tener una idea más clara de lo que va a suceder con el concierto.
“Responsabilidad”
Estas declaraciones se producen justo después de la concentración llevada a cabo el miércoles por funcionarios de la AGE en toda España, en la que los sindicatos integrantes de la Plataforma –ANPE, Fedeca, SIAT, SUP, SPP, UFP, USIE y USO- pidieron, ante la sede de Muface en Madrid, “responsabilidad” tanto al Gobierno central como a las aseguradoras y exigieron “una solución inmediata” al problema.
Estos sindicatos mantienen que el posible trasvase de más de un millón y medio de pacientes del colectivo de Muface al sistema público de salud sería “insostenible, especialmente en comunidades autónomas que ya enfrentan graves problemas de colapso sanitario”.
La Plataforma Intersindical cree que “esta crisis es el resultado de una mala gestión política y de la falta total de previsión” y que ello “agrava una situación que ya es crítica”. Los sindicatos reclaman al Gobirrtno “que rectifique, abandone sus debates ideológicos internos y actúe con la responsabilidad que la situación requiere”. De la misma forma, apelan a la buena voluntad de las compañías aseguradoras, a las que recuerdan que “durante años se beneficiaron del sistema mutualista utilizando a los funcionarios para mejorar su reputación y consolidarse en el mercado”. Por este motivo, creen que “es inaceptable que ahora abandonen a miles de pacientes, algunos de ellos en tratamientos esenciales, en un acto de deslealtad y falta de ética empresarial”.
Por último, la Plataforma recuerda que “Muface no es un privilegio, sino una solución que alivia la carga del sistema público de salud y que genera ahorro para las arcas del Estado” y advierte de que “su desaparición supondría un retroceso que impactaría no sólo en los mutualistas, sino también en toda la población española”.
Mientras tanto, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, amplió hasta el próximo 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas al contrato para prestar atención sanitaria a los funcionarios de Muface y sus familiares, que son en torno a 1,5 millones de personas.
López insistió en que el Gobierno "sigue trabajando para renovar el concierto con Muface" y pidió también "responsabilidad a todas las partes y, desde luego, a las aseguradoras".
"Nunca un Gobierno hizo un esfuerzo mayor para salvar el mutualismo", dijo López en una entrevista en TVE, al tiempo que recordó que ésta es la segunda licitación que pone en marcha y que supone una subida del 33% del importe, con 1.000 millones de euros adicionales.
El concierto quedó desierto en la primera licitación y en este segundo proceso, donde se ha planteado una subida del 33,5% en las primas, Asisa se ha quedado como la única posible candidata a continuar prestando este servicio.
