La aprobación por parte del Gobierno central de un proceso de regularización masiva de inmigrantes, que podría afectar a más de 500.000 personas, ha encendido el debate en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su portavoz Jesús Ruiz Barranco ha trasladado una postura clara: apoyo a la regularización como principio, pero serias dudas sobre cómo se está ejecutando y sobre la capacidad operativa de la Policía Nacional para asumir el volumen de trabajo que se avecina.
El sindicato considera que la medida, tal y como está planteada, puede generar tensiones en el funcionamiento diario de las unidades policiales, especialmente en extranjería y documentación, al tiempo que cuestiona la suficiencia de los mecanismos de identificación previstos.
Apoyo a la regularización, pero con garantías
Ruiz Barranco subraya que el SUP no se opone a la regularización de personas inmigrantes. De hecho, defiende que es positivo que quienes residen en España lo hagan en situación legal y plenamente identificados. Sin embargo, insiste en que el problema no radica en el objetivo, sino en los procedimientos.
“El sindicato está a favor de que todos los inmigrantes estén regularizados y totalmente identificados”, explica. No obstante, advierte de que el modelo planteado inicialmente por el Gobierno generó inquietud, especialmente por el uso de declaraciones responsables como principal herramienta de acreditación.
Según detalla, este sistema ha evidenciado debilidades, ya que se han detectado casos de posibles engaños por parte de personas que buscaban regularizar su situación, incluso procedentes de otros países europeos. Este escenario, apunta, ha obligado a introducir correcciones.
En este sentido, destaca que el Consejo de Estado ya ha tenido en cuenta algunas de las reclamaciones del sindicato, como la necesidad de exigir antecedentes penales. Aun así, considera que las medidas siguen siendo insuficientes para garantizar una identificación rigurosa.
Críticas a la “prisa” en el proceso
Uno de los principales reproches del SUP se centra en la rapidez con la que se está impulsando la regularización. Ruiz Barranco insiste en que los procesos de identificación requieren tiempo y recursos, especialmente cuando se trata de personas que nunca han tenido documentación española.
“El control documental de una persona que nunca ha tenido un documento español y que ha estado en situación irregular no puede hacerse con tan poca exigencia”, señala. En este sentido, muestra preocupación por la posibilidad de aceptar documentación como pasaportes caducados, lo que, a su juicio, no contribuye a reforzar la seguridad.
El sindicato también pone el foco en las vías de entrada al país. Mientras se defiende la necesidad de que la inmigración se produzca de forma ordenada y a través de puestos fronterizos habilitados, Ruiz Barranco recuerda que una parte importante de las personas llega por vías no controladas, lo que complica aún más los procesos de verificación.
Esta combinación —regularización acelerada y controles considerados laxos—, advierte, puede derivar en problemas de identificación y en una mayor presión sobre los sistemas policiales.
Impacto en el trabajo diario de la Policía Nacional
Desde el punto de vista operativo, el SUP alerta de que la regularización masiva tendrá un impacto directo en el día a día de la Policía Nacional. El volumen de solicitudes previsto podría generar un incremento significativo de la carga de trabajo, especialmente en determinadas ciudades.
Ruiz Barranco es claro al respecto: “A nivel general, creo que no estamos preparados”. Aunque reconoce la profesionalidad de los agentes y su capacidad para desempeñar sus funciones, considera que el número de efectivos y los medios disponibles no son suficientes para afrontar una situación de estas características.
El sindicato insiste en que el problema no es la capacidad técnica o la formación de los agentes, sino la falta de recursos humanos y materiales para gestionar un proceso de tal magnitud en un corto espacio de tiempo.
En la práctica, esto puede traducirse en retrasos, colas en las oficinas de extranjería y una sobrecarga en las unidades encargadas de tramitar la documentación.
Diferencias entre territorios: el caso de Melilla
En cuanto a la situación concreta de Melilla, Ruiz Barranco señala que, por el momento, no se ha detectado una presión significativa en las oficinas de extranjería relacionada con este proceso de regularización.
“No tengo referencias de presión en las oficinas de extranjería en Melilla”, indica, aunque no descarta que esta situación pueda cambiar en función de la evolución del proceso a nivel nacional.
El portavoz del SUP subraya que, a nivel local, los agentes están preparados en términos profesionales para afrontar su trabajo. Sin embargo, insiste en que la preparación técnica no es suficiente si no va acompañada de un refuerzo de plantillas.
En contraste, en otras zonas de la península ya se estarían produciendo situaciones de saturación, con colas y un aumento notable de la demanda en los servicios de regularización.
Reclamación de refuerzos urgentes
Ante este escenario, el SUP reclama de forma reiterada un incremento de medios tanto humanos como materiales. Ruiz Barranco insiste en que una situación extraordinaria como la actual requiere una respuesta igualmente extraordinaria por parte de la Administración.
“Si hay una regulación extraordinaria, tiene que haber medios extraordinarios”, afirma. Esta petición incluye el refuerzo de unidades clave como extranjería y documentación, así como la dotación de recursos técnicos que permitan agilizar los procesos sin comprometer la seguridad.
El sindicato advierte de que, sin estos refuerzos, el sistema podría verse desbordado, lo que afectaría no solo a la gestión de la regularización, sino también al resto de funciones policiales.
Además, recalca que la planificación es clave. La falta de previsión y la urgencia en la implementación de la medida podrían agravar los problemas, generando cuellos de botella administrativos y una mayor presión sobre los agentes.
Una medida con trasfondo político, según el SUP
Más allá de los aspectos técnicos y operativos, el SUP también desliza una crítica de carácter político. Ruiz Barranco apunta a que este tipo de regularizaciones pueden responder a intereses políticos, lo que, a su juicio, no contribuye a una gestión eficaz de la inmigración.
“El problema es este tipo de regularización que puede tener un sentido político”, señala, insistiendo en que las decisiones en materia migratoria deben basarse en criterios de seguridad, control y planificación.
En este sentido, el sindicato defiende un modelo de inmigración ordenada, con entrada por vías legales y controladas, y con procesos de identificación sólidos que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos.
