La diputada socialista Ana Mansilla no puede dar carta de naturaleza ni su expreso respaldo a las injurias que se vertieron contra Miguel Marín en el foro de la versión digital de un periódico impreso.
Que la Justicia, en primera instancia considere que no se puede probar la culpabilidad de las personas denunciadas por el vicepresidente primero del Gobierno local como presuntas autoras de las mismas frases injuriosas, no implica en ningún caso que las mismas no se llevaran a efecto, que indubitadamente no se dirigieran contra el consejero Marín y que su contenido no fuera absolutamente deleznable y vergonzoso.
El Derecho Penal exige dejar clara la autoría del delito para poder realizar una imputación formal. Es algo lógico y anterior incluso a las garantías inherentes a un Estado de Derecho como el nuestro. Tal cual ocurre en las películas, si no aparece el cadáver no es posible demostrar el asesinato aunque haya pruebas aparentes de que pudo cometerse.
Digo lo anterior, porque la diputada Mansilla se ha tomado mucho interés no sólo en exculpar a sus compañeros de ejecutiva, señalados a tenor de un informe policial como presuntos autores de los injuriosos y descontrolados comentarios; sino porque, además, se ha preocupado de poner mucho énfasis en que los mismos no constituían en ningún caso un delito de injurias.
Y claro, muy distinto es el hecho de que no se pueda determinar fehacientemente la responsabilidad de los presuntos autores, a que los comentarios en sí mismos no fueran inadmisibles, vomitivos e incluso atentatorios contra el derecho a la libertad de expresión.
Las lagunas evidentes en el ámbito de la jurisdicción ordinaria respecto del novedoso mundo de Internet, imponen prevenciones como las que hoy día permiten a malintencionados autores de comentarios injuriosos en la red de redes, zafarse de su responsabilidad bajo el argumento de que algún aprovechado pudo invadir su ‘wifi’ y operar ilegalmente con el IP o número indentificativo de su ADSL.
Hablamos de post o comentarios a pie de noticia que no han pasado el debido filtro de un administrador encargado de supervisarlos y que se realizan mediante un registro o enlace de correos que fácilmente se puede emboscar tras otras direcciones electrónicas hasta dificultar in extremis la investigación real de la autoría de quien los realizó. Un complejo entramado que además perfectamente se puede llevar a cabo ‘rateando’, ‘chupando’ o aprovechándose de la conexión inalámbrica a Internet de cualquiera wifi próximo.
Llegados a ese extremo, efectivamente, la investigación científica de la Policía determina fácilmente desde que IP se realiza el comentario, pero el propietario de la conexión siempre puede alegar que él no fue quien lo escribió ni publicó en la Red. Es más, realmente puede ser cierto.
Lo anterior no quita la evidencia de la falta de mecanismos más certeros que impidan convertir Internet y sus muchas webs, foros y servicios varios de intercambio de opiniones, información y comentarios de todo tipo, en un gran basurero y en mural de improperios, injurias e ilegales vejaciones contra cualquier persona, ya tenga o no una dimensión pública o política. El derecho a la imagen y al honor nos asiste a todos por igual. Y en el caso que nos ocupa no hubo duda de que los improperios eran injurias de baja estofa que no deben permitirse y que, lejos de engrandecer, socavan y corrompen nuestro sistema democrático y el justo ejercicio de la libertad de expresión.
Sin lugar a dudas, habrían sido objeto de una condena penal y una sustanciosa indemnización económica si se hubieran publicado en cualquier medio convencional, ya fuera oral, visual o escrito. Por tanto, no es posible aprobarlos como inusitadamente ha hecho la socialista Ana Mansilla, en un vehemente y equivocado intento por exculpar a unos compañeros de partido señalados como presuntos culpables, repito, no por azar, sino tras un informe e investigación de orden policial.
La socialista se equivoca también al querer asignar a los socialistas el papel de víctimas. En esta historia, la única víctima, que lo sigue siendo por su situación actual de desprotección legal, es el vicepresidente del Gobierno local, Miguel Marín.
Y, por último, no es verdad que el foro en cuestión no se corrigiera o que los insultantes comentarios estén expuestos aún ante la inacción del consejero. Si se conservan los vínculos que nos dirreccionen hasta las páginas donde se publicaron, será posible encontrarlos en versión caché o formato que habitualmente siempre sigue permaneciendo en la red aunque los enlaces principales sean suprimidos. Distinto es encontrarlos sin esos links o vínculos, como muy distinto es el foro actual del mismo periódico digital –cuyo nombre voy a omitir- a aquel otro que sin el debido control se convirtió en una exhibición de injurias graves contra políticos varios, pero especialmente contra Miguel Marín.
