Política

El presidente de la JEZ aboga por pedir la identificación de las personas al entregar el voto por correo

García Gutiérrez asegura que la JEC lo estudiará y se pronunciará al respecto

El presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ), Miguel Ángel García Gutiérrez, ha abogado por que tanto en las elecciones generales, como autonómicas y locales y europeas se pida siempre la identificación de la personas que vota por correo “en el momento final, cuando el elector va a depositar su papeleta”. Para él, según ha afirmado tras el recuento del voto procedente del extranjero, esto es “esencial y fundamental”, al contrario que en el trámite inicial de solicitarlo, ya que no importaría que lo recogiese otra persona.

“El momento final es, desde luego, el más importante”, ha manifestado García Gutiérrez, quien ha anunciado que, con vistas a las elecciones generales del 23 de julio, “parece ser que la Junta Electoral Central, tras los incidentes que han ocurrido en varias localidades, lo va a estudiar y se va a pronunciar sobre la exigencia de esa identificación final”.

Si no lo hiciera así, el juez opina que habrá que realizar un análisis de las circunstancias que se vayan produciendo en Melilla para que la JEZ tome o no esa decisión y, en su caso, que la confirme o no la Junta Electoral Central (JEC).

Hasta ahora, en cualquier caso, no se ha efectuado ninguna petición al respecto por parte de ningún partido, dado que se trata de un proceso distinto del que acaba de terminar y formalmente no se ha presentado ninguna candidatura para las elecciones generales.

Así, el magistrado ha insistido en que, en los pasados comicios, la decisión de la JEZ se tomó “sobre la base de las circunstancias concurrentes”. Entre ellas, García Gutiérrez ha mencionado los antecedentes –que continúan para el nuevo proceso, como son la existencia de una condena en un proceso anterior, en 2008-, los incidentes que se habían producido y la apertura de una investigación –primero policial y luego judicial- al margen del nuevo proceso electoral y “el alto número de solicitudes de voto por correo, que sobrepasaba mucho la media nacional”.

“Todo eso fue lo que justificó la decisión, que luego fue avalada por la JEC, pero ahora esas circunstancias concurrentes puede que se den o no en estas nuevas elecciones”, ha aclarado García Gutiérrez, antes de reiterar que el procedimiento judicial estaba vinculado a las pasadas elecciones, no a las próximas.

En cualquier caso, García Gutiérrez ha querido recordar que, en Melilla, llueve sobre mojado, ya que, desde que él llegó a la ciudad, en el año 2006, “siempre, tras un proceso electoral, se ha hablado de si ha existido compra de votos por correo y siempre ha habido en los juzgados de instrucción algún procedimiento abierto en ese sentido”.

El juez tenía la “esperanza” de que se pudiera haber modificado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) con vistas a las elecciones generales, pero su adelanto por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho imposible.

Por ello, lo que él espera es que sea la JEC la que, reinterpretando la ley, cambie su doctrina, toda vez que, según García Gutiérrez, “la Loreg no excluye la posibilidad de que sea el elector el que se identifique en Correos”. Por esta razón, ha añadido, no se estaría llevando a cabo “una interpretación contra ley”, sino que “lo único que tendría que cambiar es la interpretación que hasta ahora ha venido manteniendo la JEC”.

Funcionamiento de la JEZ

García Gutiérrez ha informado de que, según la Loreg, tras cualquier proceso electoral, las juntas electorales tienen una “vigencia” de 100 días y que, aunque este viernes, cinco días después de los comicios, y aunque siguen en funcionamiento, es cuando acaban sus funciones. No obstante, quedan a la espera del trámite de los correspondientes recursos si se producen, tanto ante la JEC como ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que la JEZ tiene el deber de informar a esos órganos. Ahí ya habría concluido su función siempre que hayan transcurrido menos de 100 días desde las elecciones, que es el plazo establecido legalmente para solventar cualquier tipo de incidencia.

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