Política

El PP preguntará al Gobierno sobre la carta de Marruecos a la ONU

El país alauita dice, en la misiva, que "no se puede hablar de fronteras terrestres" con España y califica Melilla y Ceuta como "presidios marroquíes ocupados" o "enclaves"

El diputado del Partido Popular (PP) por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha registrado este jueves, en la Mesa del Congreso de los Diputados, dos preguntas dirigidas al Gobierno central sobre el escrito que el Ejecutivo marroquí dirigió al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OMU) en Ginebra y que ya ha sido reproducido por numerosos medios de comunicación en el que Marruecos asegura que no cuenta con fronteras terrestres con España.

En la misiva, Marruecos dice que "Melilla sigue siendo un presidio ocupado y, por este hecho, no se puede hablar de fronteras, sino de puntos de paso", razón por la que el país vecino considera, según la periodista, que "no cuenta con fronteras terrestres con España", tampoco la de Ceuta. En este sentido, en las observaciones preliminares se detalla, de acuerdo con este medio, que "la consideración de la línea de separación entre Marruecos y Melilla, en cuanto a las fronteras marroquíes españolas, es inexacta".

El documento menciona a Ceuta y Melilla en varias ocasiones, y siempre se refiere a ellas como "presidios marroquíes ocupados" o "enclaves", según la autora del artículo, que recuerda que en ningún momento se ha hecho ninguna declaración oral o escrita en referencia a Ceuta y Melilla con motivo de la visita del Gobierno español, una vez superada la crisis diplomática con el reconocimiento, por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos.

Por todo ello, el diputado popular quiere saber cuál es la valoración que hace el Gobierno de dichas manifestaciones y qué actuaciones va a llevar a cabo el Ejecutivo central para “desmentir” lo que dice la carta, ya que se trata de unas declaraciones, subraya el dirigente popular, “contrarias al Derecho Internacional y a los intereses legítimos de España”.

Por su parte, Vox también ha anunciado su intención de llevar al Congreso este asunto.

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