El Gobierno asegura que España refuerza su compromiso con la seguridad, el desarrollo tecnológico y la cooperación internacional a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Este plan estratégico, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, responde a un contexto internacional desafiante, marcado por la creciente inestabilidad global, las nuevas amenazas híbridas y la necesidad de fortalecer la alianza atlántica.
Con una inversión de 10.471 millones de euros prevista para 2025, el plan busca alcanzar el objetivo de gasto del 2% en defensa comprometido con la Unión Europea (UE) y la OTAN, mientras impulsa la innovación tecnológica y el progreso del país. El Ejecutivo cree que este documento es una hoja de ruta clave para afrontar los retos de seguridad del futuro.
Sin embargo, el almirante Juan Rodríguez Garat no lo ve de la misma forma. En su opinión, el plan es “una improvisación para salir del paso” sin que se opongan los socios del Gobierno. Puntualiza el almirante que “el plan no es malo en sí”, sino que “sencillamente es poco ambicioso”, porque no aborda “ninguna de las capacidades importantes que le faltan a España”.
Para Rodríguez Garat, este gasto adicional durante este año sólo obedece a la obligación de la OTAN de llegar al 2% del producto interior bruto (PIB) en Defensa y no a un convencimiento claro.
En su opinión, haría falta un compromiso presupuestario a más largo plazo, ya que, con estos 10.471 millones que han aparecido de repente, el jefe del Estado Mayor de la Defensa -que es quien propone qué se debe comprar y que hace su plan de acuerdo con el dinero que cree que va a tener- “no puede hacer un plan razonable, primero, porque no sabía que iba a contar con ellos, y segundo, porque tampoco sabe si va a poder contar con ellos el año que viene”.
Por lo tanto, según Rodríguez Garat -para quien el plan no aborda ninguna de las capacidades importantes que le faltan a España-, el dinero para la Defensa tendría que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, aún más allá, haría falta un estudio y un compromiso presupuestario a más largo plazo, al menos a cinco años vista, que es, apunta, lo que no existe ahora.
El almirante pone dos ejemplos: no se puede comprar un portaaviones sin la seguridad de que al año próximo se podrán adquirir aviones para que vayan a bordo, ni un sistema de lanzamiento de misiles sin la certeza absoluta de que luego se podrán comprar los misiles que hacen falta. De esa falta de certidumbre vienen, en su opinión, muchas de las dificultades de las Fuerzas Armadas.
Poca incidencia en Melilla
Así, apunta el almirante, “no es que los 10.000 millones vayan a gastarse en cosas innecesarias, pero no van a cubrir las máximas prioridades del Ejército”. Tampoco en lo que se refiere a Melilla, a la que, lo que es de manera exclusiva -dice-, sólo afecta un pequeño programa de modernización de vehículos de reconocimiento del Ejército de Tierra valorado en 72 millones, “que son significan nada”.
Sí puede la ciudad autónoma, añade Rodríguez Garat, verse beneficiada por algunos otros programas, como uno de mejora de equipamiento de telecomunicaciones, pero que es de carácter general para todo el país y no específicamente para la Melilla y Ceuta, que sólo aparecen en el documento con esos nuevos vehículos de reconocimiento.
