El Ingesa asegura que el Tribunal de Cuenta ya audita su gestión de forma independiente

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla ha dejado claro que el Tribunal de Cuentas “ya es un auditor externo e independiente”, motivo por el que califica de "malintencionado" que se solicite la realización de una auditoría externa para conocer en su magnitud las posibles irregularidades en la gestión del citado organismo público, tal y como ha sugerido la senadora del PP, Isabel Moreno.

La entidad asegura que “no se sabe si por ignorancia (de la que algunas fuentes parecen presumir) o por malicia”, Moreno pide auditorías externas e independientes, una labor que, según afirma Ingesa, ya hace el propio Tribunal de Cuentas. “El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española, configurado como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público”.

En el marco de su actividad habitual de fiscalización de centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, el Tribunal de Cuentas publicó el pasado 29 de julio un informe sobre la asistencia sanitaria especializada del Ingesa durante los años 2022 y 2023. Sin embargo, fuentes oficiales del organismo público fiscalizado apuntan que este documento "no abarca la totalidad de la gestión del Ingesa en Melilla".

Asimismo, añade que que en las 172 páginas del informe no se afirma, en ningún punto del análisis, conclusiones o recomendaciones, que las compras realizadas en ese periodo en el Hospital Comarcal se hayan adjudicado “a dedo”, ni que se trate de un “claro ejemplo de clientelismo político”, ni que “se esté erosionando la sanidad pública, degradando la calidad asistencial o minando la moral del personal sanitario”.

"Estas afirmaciones no se recogen en la auditoría externa, ni son ciertas. La dotación de medios humanos, materiales y tecnológicos del Área Sanitaria de Melilla es, en la actualidad, la mayor de su historia, y no es equiparable, por su sobredotación, a ninguna otra área sanitaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud que atienda a una población similar", añade el Ingesa.

Reconoce, sin embargo, que el informe sí señala que un alto porcentaje de compras se ha realizado mediante compras directas, pero afirma que es algo común en la gestión del organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad de Mónica García.

“Como en ejercicios precedentes, en el periodo fiscalizado, el total de aprovisionamientos de material sanitario se ha efectuado mayoritariamente (alrededor del 93%) a través de las compras directas a empresas, realizadas al margen de los principios de publicidad y transparencia que informan la contratación pública, sin que se hayan acreditado medidas tendentes a su reducción. No obstante, se aprecia una ligera mejoría en 2023”.

El Ingesa señala que es el Tribunal el que indica "se está corrigiendo esta tendencia". Si bien, insiste en que esta situación viene de ejercicios anteriores. "Y es que, según la anterior fiscalización sobre la asistencia sanitaria especializada del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria realizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2016, estas carencias en la gestión vienen heredadas de anteriores Gobiernos del mismo signo político de los que ahora gritan escandalizados".

Como ejemplo, insiste en que en la fiscalización correspondiente a 2016, el Tribunal de Cuentas señala que “el 94,02% de las adquisiciones de medicamentos en Ceuta y Melilla fueron efectuadas por las Gerencias de Atención Sanitaria de Ceuta y Melilla (15.690.582,22 euros de un total de 16.688.176,78 euros) en el ejercicio 2016 se efectuaron mediante compra directa, al margen de los procedimientos de contratación previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público lo que supuso el incumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, publicidad, igualdad, no discriminación y salvaguarda de la libre competencia que deben regir en los procedimientos de contratación administrativa (artículo 1), incumpliéndose además los artículos 27, 28, 109, 110 y 156 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

Asimismo, el Ingesa subraya que resulta llamativo que ciertas fuentes pidan ahora auditorías ("cuando ya existen y se realizan por el Tribunal de Cuentas") y que "no muestren la misma preocupación ante informes sobre comunidades autónomas gobernadas por su mismo partido político, donde la situación es significativamente peor y con volúmenes de compra muchísimo mayores que el que ejecuta el Hospital Comarcal de Melilla", concluyen esas fuentes oficiales.