El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley con el objetivo de reforzar las ayudas y medidas de apoyo al sector del transporte en España, con el fin de mitigar el impacto derivado de la guerra en Oriente Próximo, especialmente en lo relativo al incremento del precio del combustible. Esta nueva disposición introduce una adaptación de las medidas aprobadas en el real decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, para su aplicación en Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta sus características específicas como territorios diferenciados.
En el ámbito del transporte marítimo, el nuevo texto normativo amplía el alcance de las ayudas ya existentes, incorporando de manera expresa a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos balear y canario, así como de Ceuta y Melilla. También se incluyen las conexiones entre puertos de los archipiélagos, lo que supone una ampliación respecto a lo recogido anteriormente. Esta medida implica un incremento presupuestario de 7 millones de euros adicionales, que se suman a los 30 millones inicialmente previstos en el decreto aprobado en marzo.
Las nuevas disposiciones aprobadas afectan al transporte de mercancías por carretera, ferroviario y marítimo, completando así el conjunto de medidas ya establecidas. En el decreto anterior, se contemplaba una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, además de otras ayudas directas destinadas a los profesionales del sector del transporte.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el real decreto-ley 7/2026 constituyó una primera respuesta urgente para hacer frente al incremento de los costes energéticos. En este sentido, señaló que la nueva norma representa un paso más en el refuerzo de las medidas ya adoptadas.
Según indicó el ministro, el nuevo decreto amplía la protección de la cadena de transporte y extiende su aplicación a sectores que no estaban cubiertos inicialmente. Asimismo, destacó que estas medidas son el resultado de un proceso de diálogo con el sector, en el que se han tenido en cuenta las necesidades planteadas por los distintos agentes implicados.
Puente subrayó que el objetivo de estas actuaciones es garantizar la viabilidad del sector del transporte y asegurar el correcto funcionamiento de la cadena logística. En este contexto, afirmó que se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas previamente adoptadas.
El nuevo real decreto-ley se articula en torno a tres ejes principales: el transporte de mercancías por carretera, el transporte ferroviario de mercancías y el transporte marítimo. A través de estos tres ámbitos, se pretende ofrecer una cobertura integral que permita hacer frente al impacto de la subida de los precios del combustible en el conjunto del sistema de transporte.
Entre las medidas contempladas, se incluye el objetivo de asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva al precio del transporte. Para ello, el Gobierno refuerza el marco legal en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan cambios en el coste del combustible.
En segundo lugar, se establece la obligación de que esta revisión quede reflejada de forma expresa en la factura, con el fin de garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. En tercer lugar, se introduce un régimen sancionador específico para los casos en los que se produzcan incumplimientos de estas disposiciones.
En lo que respecta al transporte ferroviario de mercancías, el decreto contempla una línea de ayudas directas para el año 2026 destinada a compensar el incremento del coste del combustible en las locomotoras diésel. Estas ayudas ascienden a 15.000 euros por cada locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno pretende reforzar el apoyo al sector del transporte en un contexto marcado por el aumento de los precios energéticos, garantizando su funcionamiento y su capacidad de adaptación ante la situación actual. Asimismo, se busca consolidar un sistema de transporte eficiente y competitivo en todo el territorio nacional, incluyendo territorios con singularidades como Melilla, donde estas medidas se adaptan específicamente para atender sus particularidades.
