El Ministerio de Igualdad, junto a las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha acordado en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad la distribución de un total de 179,8 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género. Esta dotación económica se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tiene como finalidad reforzar las políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y erradicación de la violencia machista en todo el territorio.
El reparto de estos fondos se produce tras la autorización del Consejo de Ministros el pasado 7 de abril y responde a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial, órgano encargado de coordinar la cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Este sistema permite articular una respuesta conjunta y coordinada frente a la violencia contra las mujeres, asegurando la participación de todas las administraciones competentes.
Del total aprobado, 160 millones de euros se destinan al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta partida económica financiará programas específicos dirigidos a combatir la violencia machista en sus distintas manifestaciones, incluyendo aquellas contempladas dentro de las medidas recogidas en dicho pacto. Estos programas serán impulsados por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas en el ejercicio de sus competencias a lo largo del año 2026.
A través de este fondo finalista, el Gobierno reafirma su compromiso económico con la continuidad y estabilidad de las políticas públicas destinadas a la lucha contra la violencia de género. La asignación de estos recursos busca garantizar el mantenimiento de los servicios y actuaciones que se desarrollan en este ámbito, consolidando el trabajo que se viene realizando en todo el Estado para proteger a las víctimas y prevenir nuevas situaciones de violencia.
El objetivo de esta inversión es avanzar en la articulación de una respuesta integral, eficaz y coordinada entre todas las instituciones implicadas. En este sentido, se pretende no solo mantener, sino también mejorar la red de recursos, servicios y prestaciones disponibles en todo el territorio, destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres.
Además, estas actuaciones contemplan el impulso de medidas de sensibilización y prevención, así como el refuerzo de la formación de los profesionales que trabajan directamente con las víctimas. El propósito es garantizar una respuesta institucional adecuada que permita atender las necesidades de las mujeres afectadas y mejorar los mecanismos de detección y actuación frente a la violencia machista.
Junto a la financiación del Pacto de Estado, el acuerdo incluye una segunda línea de inversión dotada con 19,8 millones de euros, destinada a la puesta en marcha de distintos programas y planes autonómicos enfocados en la atención a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. Esta cuantía forma parte del presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Estos fondos permitirán desarrollar diferentes tipos de programas a lo largo del año 2026. En concreto, 8,5 millones de euros se destinarán a iniciativas de asistencia social integral dirigidas a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. Estos programas están orientados a proporcionar apoyo en distintas áreas, garantizando una atención completa a las personas afectadas.
Asimismo, un millón de euros se asignará a programas destinados a la implementación de planes personalizados, que permitirán adaptar la atención a las necesidades específicas de cada víctima. Por otro lado, 9,5 millones de euros se dirigirán a programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales, con el objetivo de reforzar los recursos disponibles en este ámbito.
Finalmente, los 800.000 euros restantes se destinarán a programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas, con el fin de reforzar las medidas de protección en este colectivo especialmente vulnerable. Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno y las administraciones territoriales avanzan en el desarrollo de políticas orientadas a combatir la violencia de género y a mejorar la atención a las víctimas en todo el país, incluyendo Ceuta y Melilla dentro de este marco de actuación conjunta.
