El Gobierno entiende que el nuevo pliego de condiciones para la contratación de la empresa que llevará la seguridad privada de todas las instalaciones municipales recoge las reivindicaciones de los trabajadores del sector, según ha afirmado el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, al término del Pleno de la Asamblea en el que se aprobó la propuesta. Ronda dejó claro, por ejemplo, que la nueva empresa concesionaria del servicio tendrá que hacer un aumento de personal de más de cien trabajadores (de 105 a 210), lo cual representa un 36% con respecto a la plantilla actual.
Además, explicó que se incrementa también el precio de la hora de servicio, que pasará de 15 a 17,40 euros. "Se han mejorado sustancial y cualitativamente las condiciones de trabajo", manifestó el consejero popular, quien añadió que hay diferencias "bastante importantes y diferenciadas" sobre el contrato vigente en estos momentos.
José Ronda resaltó, asimismo, que se aplica una estabilidad en el empleo de manera que se obligará a la empresa a que los trabajadores tengan condición de fijos en su gran mayoría, aunque no se descarta la posibilidad de disponer de fijos discontinuos, como autoriza la legislación laboral.
Y otro aspecto muy destacado por el titular de Seguridad Ciudadana es que la plantilla dispondrá del material que los representantes sindicales vienen demandando desde hace años para una mayor seguridad en la jornada de trabajo. "Se le dotará a todo el personal del material y el equipamiento que necesitan: chalecos de seguridad, reflectantes, antibalas y teléfonos móviles de la empresa adjudicataria", recalcó entre otras medidas.
"Hasta ahora ha habido muchas reivindicaciones de que estaban faltos de equipamiento y con este contrato se le exige a la empresa desde el primer día que todos los trbaajadores estén equipados", subrayó para anunciar que deberá haber una aplicación informática para el control de entradas, salidas y rotaciones dentro de los centros específicos.
Entre las cuestiones referidas por el consejero se sitúa, igualmente, que deberá haber una valoración de riesgos de cada puesto. "Tiene que haber una evaluación de riesgos en cada centro donde ejerzan su labor", comentó porque, a modo de ejemplo, manifestó que no es igual el vigilante del servicio de Atención al Ciudadano de aquel que está en el Centro de Menorers o alguna otra instalación municipal donde se porten armas.
"Por cada centro, por cada zona donde estén trabajando, van a tener que presentarnos al mes del contrato esa evaluación de riesgos de seguridad porque así viene especificado en los pliegos de condiciones administrativas", señaló.
En definitiva, el consejero Ronda cree que el nuevo contrato recoge "las reivindicaciones de los trabajadores y de los distintos representantes sindicales". Si bien confesó que no había habido reuniones formales con esos sindicatos, sí que han existido encuentos informales. "Hemos recogido lo que son las reivindicaciones, que venían todas relacionadas con el tema del equipamiento personal y de seguridad en sus propios centros de trabajo".
El próximo contrato para el servicio de vigilancia privada de todas las dependencias municipales será "muy importante", según el responsable político de Seguridad Ciudadana. No en vano, tendrá una duración de cuatro años (2+2) con un precio de licitación de 22 millones de euros. "Es un contrato potente, bastante importante", concluyó.
