El Gobierno de Melilla, a través de la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha arremetido con dureza contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el Ministerio de Sanidad, a quienes acusa de “mentir a la población” y de tratar de desviar sus responsabilidades en materia de salud pública, en especial respecto a los programas de cribado poblacional de cáncer. En una nota de prensa difundida este jueves, la responsable sanitaria asegura que “la ley es inequívoca” y que dicha competencia recae exclusivamente sobre el Ingesa, no sobre la Ciudad Autónoma.
En su intervención, Mohamed ha denunciado lo que considera un intento de manipulación por parte del Gobierno central y sus representantes en la ciudad. A su juicio, resulta inaceptable que se utilice un tema tan delicado como el cáncer como “arma política”, y ha defendido el compromiso del Ejecutivo melillense con la salud de la ciudadanía. “No vamos a permitir que se juegue con la salud de los melillenses ni que se genere alarma social con informaciones falsas”, declaró. También criticó la postura de la delegada del Gobierno, a quien reprochó desconocer las competencias sanitarias establecidas por ley y no actuar con la diligencia que, en su opinión, exige la situación.
Mohamed recordó que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece que los programas de cribado forman parte de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Según remarcó, al tratarse de servicios asistenciales, su gestión es competencia exclusiva del Ingesa, y no de la administración local. En este sentido, aseguró que la normativa es clara y no deja lugar a interpretaciones. “Solamente hay que saber leer para saber de quiénes son las competencias de cada uno”, afirmó de forma tajante.
La consejera también hizo referencia a la gestión anterior en la Ciudad Autónoma para reforzar su argumento. Señaló que incluso la exconsejera socialista Francisca García Maeso, durante su etapa al frente de Salud Pública, defendió la misma postura que el actual Ejecutivo local, solicitando al Ministerio que el Ingesa asumiera de nuevo los cribados una vez finalizado el convenio vigente en aquel momento. A su juicio, esto demuestra que la posición del Gobierno melillense no es una cuestión ideológica ni nueva, sino una reclamación basada en la legalidad y la lógica administrativa.
En otro pasaje de la nota, Randa Mohamed lamentó que el Ingesa haya tardado más de un año en validar el nuevo convenio, lo que calificó de “demora injustificable” teniendo en cuenta que el asunto afecta directamente a la salud de miles de personas. Según explicó, ese retraso representa una dejación de funciones y una “falta de sensibilidad institucional”, y añadió que el contenido del convenio simplemente reitera lo ya establecido en el decreto estatal, por lo que no había motivo técnico ni jurídico para semejante dilación.
Mohamed también criticó que el Ingesa haya planteado la necesidad de un convenio específico para realizar los cribados de colon, cuando, por el contrario, lleva a cabo sin problema alguno los cribados de mama o de cuello de útero. “No hay ni una sola razón jurídica, técnica o sanitaria que justifique esta diferencia. Si han realizado cribados de cáncer de mama sin convenio, también tienen que hacerlo con el de colon”, afirmó.
En relación a la gestión de datos y seguimiento, la consejera denunció que la Ciudad Autónoma no tiene acceso a la información generada tras la realización de los primeros análisis, lo que impide cualquier tipo de control o evaluación posterior. “Una vez que enviamos las cartas a la población cribada, perdemos todo tipo de interoperabilidad con Ingesa. Les hemos pedido en varias reuniones que solucionen esta situación, pero a día de hoy todo sigue igual”, indicó.
A esto añadió una crítica directa al Ministerio de Sanidad, que recientemente solicitó por carta a la administración local los datos de los cribados. Mohamed calificó esa petición de “broma” y recordó que es el Ingesa quien ha llevado a cabo esos programas en el último año. En su opinión, esta solicitud no hace más que evidenciar la falta de coordinación y responsabilidad por parte del Gobierno central.
Por otro lado, avanzó que la Ciudad Autónoma solicitará oficialmente al Ministerio y al Ingesa información detallada sobre las pruebas realizadas en los últimos tres años, incluyendo datos como el número de resultados positivos, no concluyentes o pendientes, el tiempo medio entre pruebas diagnósticas y, especialmente, si es cierto que existen más de 400 colonoscopias aún por realizarse en Melilla.
Mohamed defendió que el Ejecutivo local ha actuado siempre con lealtad institucional, pero subrayó que no aceptarán ser utilizados como chivo expiatorio de una mala gestión estatal. En ese sentido, acusó al Ingesa de generar alarma social de forma deliberada y al Ministerio de haber caído en lo que calificó como un “juego político sucio”. “Durante más de un año han mirado hacia otro lado. Han preferido proteger intereses políticos antes que garantizar la salud pública. Esto es inadmisible”, concluyó.
