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Inicio » Política

El Gobierno autonómico y el central desbloquean la creación de nuevas VPOs

por Redacción El Faro
13/03/2012 20:18 CET

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La 60 viviendas proyectadas desde la anterior legislatura en los terrenos del antiguo acuartelamiento de Gabriel de Morales se licitarán a finales de mes. La Ciudad Autónoma busca pequeñas parcelas para la construcción de 89 hogares más.

Un encuentro fructífero y constructivo. Así definió el consejero de Fomento y vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, el encuentro que mantuvo el pasado jueves con el secretario de Estado de Planificación y Estructuras, Rafael Catalá, con el que debatió temas de especial interés para Melilla, como el abaratamiento del transporte con la península, el desbloqueo de acuerdos para  la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), la recuperación de ciertas competencias de urbanismo, la creación de nuevas carreteras y la ejecución de la ampliación del puerto comercial.
El consejero detalló ante los medios de comunicación algunas de las claves de este encuentro, de las que destacó que se haya reactivado el convenio para que el Sepes construya 60 VPO en los terrenos del antiguo acuartelamiento de Gabriel de Morales. La iniciativa quedó paralizada durante la anterior legislatura, aunque la entidad estatal del suelo llegó a realizar un concurso de ideas para acometer el proyecto.
Marín criticó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se dedicara a “montar toda la parafernalia” y no a ejecutar la obra cuando estaba prevista. No obstante, a finales de mes quedará licitada en el Consejo de Administración del Sepes, según adelantó. Hay que recordar que además de llevar a cabo la creación de estas viviendas, también se urbanizará la zona de los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa para hacerla habitable.
También en el terreno de Vivienda, Marín se reunió ayer con la directora general del Sepes, Lucía Molares, en Madrid. En el transcurso de dicho encuentro, le planteó la creación de 89 VPOs más en la ciudad autónoma, comprometiéndose a que el Ejecutivo autonómico buscará los terrenos necesarios para su ubicación.

Peticiones al Gobierno

En este sentido, el consejero de Fomento subrayó que la intención del Gobierno de Juan José Imbroda es que estas 89 viviendas queden repartidas por distintas zonas de Melilla, creando “pequeñas urbanizaciones en lugar de un único terreno masificado”. Marín aseguró que esta filosofía hará que las familias que se instalen en estos hogares se sientan más cómodas.
“Queremos evitar grandes aglomeraciones de viviendas”, aseveró. Para ello, el Ejecutivo local ya está buscando pequeñas parcelas en las que llevar a cabo este proyecto. “Habrá que aprovechar el suelo de la manera más ventajosa posible”, indicó el consejero de Fomento.
No fue el único asunto que le puso sobre la mesa a la directora del Sepes, pues también se habló de la conversión de 32 VPOs que actualmente se encuentren en régimen de compra a alquiler con opción de ser adquiridas en el futuro. Tanto en el caso de la construcción de las 89 viviendas como en el de la modificación de estas 32, Marín volvió a Melilla con la promesa de que se estudiaría detalladamente el asunto.

La Ciudad reclama las competencias de Urbanismo.

En la reunión que mantuvo con Catalá el pasado jueves, Marín destacó que se trató la recuperación de ciertas competencias de urbanismo por parte de la Ciudad Autónoma, en concreto la de aprobar iniciativas especiales y parciales posteriores al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Dichas atribuciones volvieron a Madrid cuando el Grupo Independiente Liberal (GIL) logró representación en la Asamblea melillense. No obstante, Marín subrayó que las circunstancias han cambiado y que no es de recibo que la situación siga siendo la misma. “Ahora mismo tenemos menos competencias que Alburquerque”, ironizó el consejero.
Así pues, la intención de Melilla es que estas atribuciones vuelvan a la Ciudad Autónoma aprovechando la modificación de la Ley del Suelo que tiene pensado llevar a cabo el Gobierno de Rajoy.
Para Marín, es lógico que el PGOU deba recibir el visto bueno de la Administración del Estado antes de su aprobación definitiva en la Ciudad Autónoma, aunque no así el de los planes especiales y parciales, pues ello ralentiza el urbanismo a nivel local.
En lo que se refiere a la fecha definitiva para aprobar este documento, el consejero señaló que mañana se debatirán los últimos flecos en comisión y que el próximo miércoles los redactores del proyecto lo presentarán con las modificaciones pertinentes. Un día después, está previsto que el texto vea luz verde en comisión, por lo que se llevaría a cabo su probación previa en el Pleno de la Asamblea antes del mes de abril.
Posteriormente, será remitido a Madrid, donde se le dará el visto bueno, si procede, y volverá a la ciudad autónoma para su aprobación definitiva.

 

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