José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, acusado de un presunto delito de agresión sexual por una subordinada, fue jefe superior en Melilla, cargo para el que fue nombrado en 2014 buscando una mayor capacidad operativa en la ciudad.
La trayectoria del hasta ahora número dos operativo del cuerpo policial vuelve a situar a Melilla en el foco tras conocerse que un juzgado ha admitido a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada contra él, según han informado los medios nacionales. La investigación judicial se encuentra en fase inicial y será el órgano instructor el que determine el alcance de los hechos denunciados.
González ocupó la Jefatura Superior de Policía en Melilla a partir de 2014, en un contexto en el que el Ministerio del Interior impulsó cambios en la estructura de mando con el objetivo de reforzar la eficacia frente a la criminalidad y mejorar la capacidad operativa en la ciudad, tal y como informó en su momento este diario. Su nombramiento se enmarcó dentro de una reorganización destinada a fortalecer la respuesta policial en un territorio especialmente sensible desde el punto de vista migratorio y de seguridad.
Tras su etapa en la ciudad, José Ángel González continuó su ascenso dentro de la Policía Nacional hasta ser designado director adjunto operativo (DAO) en 2018, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro del cuerpo. Desde esa posición, ejercía la coordinación operativa a nivel nacional y se situaba como uno de los principales colaboradores del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La querella admitida a trámite se refiere a un presunto delito de agresión sexual denunciado por una subordinada. Según las informaciones publicadas en la prensa nacional, el mando policial niega los hechos, aunque ya ha dimitido de su cargo. La decisión judicial de iniciar diligencias implica la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido, sin que ello suponga un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
El caso ha generado reacciones en el ámbito político. Ya existen críticas dirigidas al ministro del Interior por la situación que afecta a uno de los principales responsables de la estructura policial. Pese a ello, Marlaska no ha presentado su dimisión y ha defendido públicamente su respeto por las decisiones judiciales, apelando a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento.
Desde el Ministerio se ha insistido, según las informaciones difundidas, en la necesidad de dejar actuar a la Justicia y evitar interferencias en el proceso. La postura expresada por el titular de Interior se basa en el respeto al curso de la investigación judicial y en la confianza en que los tribunales esclarezcan los hechos.
La relevancia institucional del cargo que ocupaba González añade dimensión al procedimiento abierto. El director adjunto operativo es una figura clave en la estructura de la Policía Nacional, con competencias directas sobre la coordinación de unidades y la planificación operativa en todo el territorio. Su anterior responsabilidad como jefe superior en Melilla forma parte de una carrera marcada por destinos de peso dentro del organigrama policial.
Ahora, más de una década después de aquel nombramiento como jefe superior en la ciudad, su nombre vuelve a vincularse a Melilla por una circunstancia muy distinta. La investigación judicial recién iniciada marcará los próximos pasos en un caso que afecta directamente a la cúpula policial y que mantiene la atención política y mediática sobre el Ministerio del Interior.
Será el juzgado competente el que, tras la práctica de diligencias, determine si los hechos denunciados tienen recorrido penal o si procede el archivo de la causa. Mientras tanto, el procedimiento continúa su curso en un contexto de máxima exposición pública para una de las figuras más relevantes de la Policía Nacional en los últimos años.
