Los últimos recortes anunciados por el presidente Rajoy el miércoles en el Congreso de los Diputados y parcialmente aprobados ayer en el Consejo de Ministros han pasado casi desapercibidos en los mercados de deuda y de valores. Sin embargo, han conseguido un efecto casi de modo inmediato en la calle y entre los funcionarios. No han dejado a casi nadie impasible. A la instantánea reacción de los sindicatos ante las medidas presentadas por el Ejecutivo se ha ido sumando en los dos últimos días la mayoría de organizaciones que representan a distintos sectores de trabajadores de la Administración.
La proximidad del mes de agosto ha dejado a los sindicatos mayoritarios sin apenas tiempo para organizar actos de protesta de relevancia. Sólo han tenido oportunidad de sumarse a la marcha de los mineros que desfilaban en ese momento por Madrid y aprovechar el acto para anunciar la convocatoria de una protesta masiva antes de las vacaciones. Ese es el escaso margen de que dispone el Ejecutivo para tratar de convencer a la población en general y a los funcionarios en particular de que las medidas adoptadas son las únicas posibles o las más adecuadas. Son recortes sobre recortes que difícilmente van a contar con algún apoyo entre quienes son sus principales perjudicados, pero eso ya lo sabía el Gobierno cuando los acordó. Por lo tanto, es de esperar que esa decisión esté acompañada de un plan que evite que las protestas y manifestaciones que se anuncian a la vuelta del verano sean el único efecto de los recortes.
Cuando aún no se ha cumplido el año desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, es cada vez más necesario que las duras medidas que está adoptando ofrezcan algún resultado palpable para la población. Hoy lo único evidente son los recortes, la incertidumbre, el pesimismo y el enfado de los ciudadanos.
