El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado tanto a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Melilla como a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma como "Administraciones entorpecedoras".
En este sentido, este organismo denuncia que ambas instituciones no han respondido a 3 requerimientos oficiales de información, enviados hace varios meses. En el caso de la Consejería, son 109 los días de demora (desde el 21 de julio de este año), mientras que la Dirección Provincial lleva 228 días sin dar respuesta a los requerimientos de este organismo (desde el pasado 24 de marzo).
Todo ello consta en el apartado de Transparencia de la página web de este organismo estatal.
Este organismo solicitó información a la Dirección Provincial en relación a los requisitos de matriculación para menores en nuestra ciudad. Cabe recordar como ya en 2023, el Defensor del Pueblo consideró "inconstitucional" la exclusión de alumnos extranjeros que sólo disponían de pasaporte y no del Número de Identificación de Extranjero (NIE) a la hora de acreditar su identidad en el proceso de admisión de estudiantes en el sistema educativo.
En el caso de la Consejería, el Defensor del Pueblo pidió información acerca del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo público independiente se encarga de velar por la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos.
Este medio se ha puesto en contacto tanto con la Ciudad Autónoma como con la Dirección Provincial para obtener más información, así como su versión. Sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna en ambos casos.
El Defensor del Pueblo considera “Administración entorpecedora” a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones y recuerda que todas las Administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada.
Defensor del Pueblo Melilla
Melilla registró un total de 74 quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo durante el año 2024, según se desprende del informe anual de la institución.
El informe visibiliza las principales reclamaciones ciudadanas en relación con el funcionamiento de las administraciones públicas en España.
De las 74 quejas procedentes de Melilla, la categoría de Migraciones encabezó la lista con 17 expedientes, lo que representa casi una cuarta parte del total. A esta le siguieron Función y Empleo Públicos (12 quejas), Administración de Justicia (10), y Educación (7). También se recibieron quejas sobre Empleo y Seguridad Social (3), así como sobre Asuntos de Interior, Centros Penitenciarios, Igualdad de Trato, Política Social, Asilo, Medio Ambiente, Cultura y Otros Ámbitos y Servicios Públicos y Esenciales, todas con entre una y dos quejas.
La relación del Defensor del Pueblo con Melilla no es nueva. En los últimos años, este organismo ha intervenido de oficio o ha solicitado información adicional sobre problemáticas locales. En 2023, pidió explicaciones a la Administración autonómica sobre la gestión de los procedimientos de dependencia, una cuestión especialmente sensible para familias que esperan valoración y asignación de recursos en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, este verano solicitó formalmente a la Ciudad Autónoma, junto a otras administraciones estatales y locales, información detallada sobre sus políticas de vivienda. Una petición que formaba parte de una iniciativa nacional que incluye 30 actuaciones de oficio, con el objetivo de conocer qué medidas se están tomando para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, como establece el artículo 47 de la Constitución Española.
Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos españoles, mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.
Es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura 5 años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Debe desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Además, goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
El Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.
