La espectacularidad y el despliegue de efectivos de la Guardia Civil con los que la juez María José Alcázar llevó a cabo algunos episodios de la investigación de la ‘Operación Ópera’ hace ahora casi un año no encuentran justificación en lo que se conoce hasta hora del sumario.
Después de vistosos registros en dependencias de la administración local y en varias empresas, después de detenciones sorpresa, después de largos interrogatorios, después de semanas de prisión de un empresario... ahora, tras doce meses de especulaciones, nos encontramos con que los datos conocidos hasta el momento apuntan a un gran fiasco de la Guardia Civil y de la juez que dio cobertura a esos agentes de la Policía Judicial.
A día de hoy, todos los imputados están en libertad tras haber sido detenidos unos y haber permanecido encarcelado otro. Les han sido retiradas todas las medidas cautelares por la Audiencia Provincial. Los magistrados, que han tenido la posibilidad de acceder a la totalidad del sumario para decidir sobre si los sospechosos debían continuar compareciendo periódicamente en el juzgado y si tenían que seguir privados de su derecho a viajar fuera del país, consideraron que no había motivos para las medidas preventivas impuestas por la juez instructora.
Ahora, el sustituto de la juez Alcázar levanta parcialmente el secreto sobre lo investigado y se comprueba que no existen motivos de peso para actuar penalmente contra los imputados.
Aún faltan otros tomos a cuyo contenido sólo pueden acceder el titular del juzgado, el fiscal y los propios investigadores, pero hasta el momento el ‘cuentagotas’ a través del que se va conociendo la información de la ‘Operación Ópera’ sólo arroja datos favorables a los imputados. Tal vez esos últimos tomos sobre los que áun pesa el secreto del sumario guarden las pruebas incriminatorias que no se han visto hasta ahora. Si no es así, la Guardia Civil tendrá que dar algunas respuestas. En primer lugar, deberá aclarar quién es el responsable del desproporcionado despliegue de efectivos, quién ha dirigido esta controvertida investigación y, en definitiva, quién debe responder tanta desmesura.
Nunca, y mucho menos en el mundo del Derecho, los fines pueden justificar los medios, pero menos justificación hay cuando los medios son exagerados y no existen los fines que se presuponen en unos agentes honrados de la Guardia Civil.
Con el giro que parece estar dando la ‘Operación Ópera’, no es descabellado que llegue un momento en el se produzca un cambio de papeles. El contenido de los restantes tomos de la investigación será crucial para saber quién deberá responder una vez concluida la instrucción. Tal vez tengan que dar las respuestas quienes hasta ahora sólo han planteado preguntas que no ha llevado a ninguna parte.
