El comité de empresa del centro de menores Fuerte Purísima ha mostrado este miércoles públicamente su apoyo a todos los trabajadores del lugar tras los continuos incidentes que se están viviendo en el centro, así como agradecido "su profesionalidad y buen hacer en el día a día de su trabajo a pesar de las nefastas condiciones laborales y psicológicas a las que se ven sometidos", con algunos de ellos más de tres años aguantando incumplimientos de aplicación de convenio, de actualización de las tablas salariales, de aplicación de sentencia judicial, deterioro de las instalaciones o de proyecto educativo, todo lo cual origina una merma psicológica y desgaste a lo que hay que sumar una pérdida económica de más de 300 euros mensuales.
Desde el comité, y, más concretamente, desde Comisiones Obreras (CCOO), no quieren señalar a los vigilantes como culpables de nada a pesar de que ellos -en concreto el Sindicato Independiente de Melilla (SIM)-, y creen que "mal expresado", señalaron como parte de responsabilidad al personal que trabaja en el centro tras la quema de colchones y demás por parte de algunos menores. En este sentido, recuerda que han trabajado en circunstancias muchos más complicadas que éstas con más de mil menores acogidos, pero en aquellos momentos "había un ambiente de trabajo sano y que en estos cuatro años se ha destruido y ha originado las incidencias que se viven actualmente en el centro". El comité de empresa afirma que podría argüir que "hay una merma en la seguridad del centro donde se cuelan continuamente ex tutelados mayores de 18 años", pero que no se les ocurre decir que es culpa de los vigilantes, ya que saben que falta personal de vigilancia para poder llegar a cubrir los puntos negros de acceso al centro.
Desde el comité, en cambio, ponen el foco en la falta de personal, en la falta de medidas legales (Fiscalía de Menores de Melilla) correctivas educativas hacia esos menores implicados en los incidentes (ya que, a pesar de que son identificados y puestos a disposición judicial, en la mayoría de los casos son puestos en libertad y muchos de ellos son reincidentes), en la necesidad de dotar de recursos para un desarrollo adecuado de su labor como profesionales del centro, en la adecuación de las instalaciones y de recursos alternativos para la atención de aquellos menores con conductas disruptivas difíciles y drogodependientes severas, en cubrir las necesidades básicas de nuestros menores acogidos( vestimenta, comida, formación, ocio, deporte, salud, etc) y, sobre todo, en la necesidad de una regeneración psicológica urgente para todos los que trabajan en el centro. Según el comité, las actuaciones han de dirigirse, en primer lugar, a abonar correctamente los sueldos de los trabajadores, que es fundamental para que haya una motivación. En este sentido, apunta que la actual empresa gestora del centro -Arquisocial- en ningún momento ha facilitado ni ha tenido voluntad de negociar ni dialogar con los trabajadores, sino que los mandaban a sede judicial continuamente.
De la misma forma, el comité de empresa ha mostrado su preocupación por los incidentes denunciados y advierte de que, si no hay una actuación urgente, se pueden dar consecuencias graves no deseadas que "por supuesto no pueden ser responsabilidad de los que ahí trabajan, sino de la falta de medidas y recursos".
Por último, el comité ha roto una lanza a favor de los menores acogidos en el centro "a pesar de que algunos sectores de la política de la ciudad los quieran criminalizar por ser como ellos dicen menas, porque muchos de estos niños muchos de ellos sí vienen a aprovechar la oportunidad que les brinda desde el Estado y se integran y se socializan como cualquier niño" y consiguen formar parte del tejido social, deportivo y laboral de la ciudad, tal como se puede ver en multitud de empresas de Melilla.
Desde el comité tienen puesta toda su esperanza en que, con el cambio de gestión del centro y la entrada de Tragsatec el próximo día 11, se puedan corregir todas estas deficiencias y puedan dialogar y entenderse con los nuevos responsables con el único objetivo de que se atienda en las mejores condiciones a los menores acogidos y que a los trabajadores se les pague un sueldo digno como corresponde a su labor y con todos los derechos, incluyendo la aplicación de las tablas salariales del IV convenio estatal y el plus de residencia.
