La morosidad de la Administración pública en Melilla es una de las más bajas del país.
El tiempo de espera para que pague la Ciudad Autónoma es tan corto (una media de 10,22 días) que difícilmente puede ser considerado ‘morosidad’. Ése es, al menos, el dato que se recoge en un estudio de Informa D&B, una firma dedicada a suministrar información comercial, financiera y de marketing de empresas y empresarios.
Día arriba o día abajo, el dato lo corrobora la Confederación de Empresarios de Melilla. Su secretario general, Jerónimo Pérez, asegura precisamente que la celeridad de la Administración local en el pago es uno de los mayores incentivos que encuentran las empresas foráneas para viajar hasta nuestra ciudad. Al mismo tiempo, es un elemento importantísimo para el funcionamiento de las pymes locales. Jerónimo Pérez también explica hoy en El Faro que la influencia de la Administración pública en el tejido empresarial local es mucho mayor en Melilla que en el resto del país. El responsable de la CEME cifra este peso en casi en el 50% del total, lo que convierte a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno en componentes muy importante del combustible que alimenta el motor de nuestra economía.
Estos datos, a priori positivos, aportan algunos argumentos que también sirven para explicar la complicada situación económica de nuestra ciudad, en especial, la referida a la alta tasa de desempleo.
En primer lugar, la mínima morosidad de la Administración convierte a Melilla en ‘presa’ predilecta de las grandes empresas nacionales. Son un puñado de compañías, siempre las mismas, que arrasan con sus ofertas y que constantemente se hacen con los contratos públicos más suculentos. De esta manera, parte de la riqueza que se quedaría en nuestra ciudad si estas obras o servicios las hicieran las pymes locales, se marcha fuera de Melilla. A ello hay que añadir que no todas estas empresas están dispuestas a respetar siempre los derechos adquiridos por las plantillas de las que tienen que hacerse cargo. Y, en otras ocasiones, llegan con sus propios trabajadores, con lo que la ‘fuga’ económica, en forma de salarios y beneficios, es doble. En consecuencia, todo esto provoca que el impacto que podrían tener importantes proyectos en nuestra ciudad sea mínimo: Ni aumenta el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos ni sirve para que nuestras empresas crezcan.
Por otro lado, el tamaño de la Administración pública en la economía local, que la CEME calcula en un 50%, proyecta una sombra de tal proporción que impide que crezca algo a su alrededor a no ser que esté adherido a su tronco, cada vez más grueso.
En consecuencia, el tratamiento para revitalizar nuestro tejido económico debería basarse en una doble estrategia. Por un lado, es necesario potenciar y proteger al empresariado local frente al foráneo en la adjudicación de contratos públicos. Y por otro lado, hace falta, sin ‘podar’ la Administración pública, tomar medidas para que ésta no sea el único árbol ni el más grande que crezca en Melilla.
