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El cambio de normativa para dar paro a las transfronterizas de Melilla está previsto para 2023

El Plan Estratégico Integral aprobado este martes aclara que esta medida no conlleva ningún tipo de inversión.

La decisión del Gobierno de España de estudiar el reconocimiento del paro a las trabajadoras transfronterizas de Melilla y Ceuta, especialmente a las empleadas domésticas, está incluida en el Plan Estratégico Integral con fecha 2023.

La iniciativa está contemplada entre las acciones del eje 3, destinadas a mejorar la prestación de servicios públicos y el Gobierno aclara que el cambio normativo no conlleva ninguna inversión.

 

En el marco de las relaciones bilaterales hispano-marroquíes, el Plan Estratégico del Gobierno central ha incluido está propuesta de acometer una reforma legal dirigida a mejorar la protección de las trabajadoras transfronterizas, analizando los aspectos necesarios para poder reconocerles la protección por desempleo, teniendo en especial consideración al colectivo de las empleadas de hogar.

Para ello, el Gobierno tiene previsto analizar la normativa vigente, de manera que se les pueda reconocer el acceso al paro; su inscripción como demandante de empleo, en el caso de no residir en España; las modificaciones normativas que sean necesarias o la posibilidad de un Convenio con Marruecos por la reciprocidad.

Esta medida, aclara el Plan Estratégico de Melilla, "no conlleva inversión" y se aprobaría en 2023.

Al respecto, el sindicato UGT ha sido el primero en manifestar su desacuerdo en que solo se acceda a reconocer el derecho a las prestaciones por desempleo a las empleadas de hogar. En opinión del sindicato, habría que acabar de una vez con el limbo que rodea a los trabajadores transfronterizos vinculados a Melilla que no tienen derecho a paro ni sus familias pueden acceder a la sanidad pública española, pese a que ellos cotizan a la Seguridad Social.

En este sentido, UGT pide un convenio de reciprocidad con Marruecos que sea eficaz y se anima al Ministerio de Trabajo a ser valientes y acometer las reformas necesarias para reconocer los derechos a los trabajadores transfronterizos.

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