El mundo de la Justicia en España ha experimentado este martes una jornada que muy pocas veces se ha repetido. De hecho, solo se ha producido en dos ocasiones, así que son muy escasos los precedentes que existen en nuestro país desde que se instauró la democracia de una huelga de jueces y fiscales. Una primera jornada de las tres previstas que el 70% de los jueces y fiscales de Melilla ha secundado, según el dato que maneja Álvaro Salvador Prieto, el juez decano de Melilla, además titular de Juzgado de Menores y juez de Vigilancia Penitenciaria de la ciudad y también Laura Santa Pau Vázquez, fiscal jefa de la ciudad autónoma.
Al juez decano le tocó, según confesó a este diario, cumplir con los servicios mínimos dadas las jurisdicciones que son responsabilidad suya, y avanzó que la huelga estaba transcurriendo con absoluta normalidad, los servicios mínimos en el apartado de los jueces se estaban cumpliendo con efectividad y sin incidentes reseñables. Unos servicios, según aclara el juez, que no los puede establecer el Consejo General del Poder Judicial sino que son los propios convocantes quienes los fijan y que además, como subraya, “son muy amplios”.
En Melilla, son 13 los actuales jueces unipersonales (12 en juzgados y uno más de atención territorial), más los tres que pertenecen a la Audiencia Provincial de Málaga, a la sección séptima con sede en Melilla. De los melillenses, el 70% apoyó las reivindicaciones del sector. Matizó que algunos de ellos se encuentran de diferentes permisos, vacaciones, asuntos propios, licencias o bajas, alguna por ejemplo por maternidad, pero la mayoría ya había manifestado con anterioridad estar conforme con el parón.
Respecto a los fiscales, la fiscal jefa de Melilla Laura Santa Pau informa de que en la Ciudad Autónoma el 70% de la plantilla de los y las fiscales han secundado la huelga. A pesar de ello, según destaca, se han cubierto todos los servicios mínimos: la guardia de instrucción con detenidos, así como la guardia de menores; igualmente los juicios civiles en los cuales había implicado algún menor y un delito de violencia de género ya que hay que considerarlo como servicio mínimo. También se han llevado a cabo exploraciones de menores en el Juzgado de Instrucción para evitar causarle cualquier perjuicio a los ciudadanos. Al no haber otros señalamientos, no se ha tenido que suspender ninguno, resume la responsable del Ministerio Público.
¿Y qué es lo que piden?
El motivo que generó estas protestas es en cierto modo confuso. Hay quienes ven en ellas un germen ideológico, ya que las organizaciones progresistas no las apoyan, pero también están quienes opinan que consiste solo en hacer frente a una serie de medidas y nuevas regulaciones que suponen un paso atrás para el desempeño laboral de jueces y fiscales, dejando de lado una posible injerencia política.
El juez decano de Melilla es uno de ellos y afirma que no hay ningún tipo de ideología, “y el que se la quiera dar no se ha leído la convocatoria o la ha leído y lo quiere obviar. Son una serie de protestas que vienen porque los miembros del poder judicial tenemos miedo de que todas las modificaciones legales que se van haciendo van encaminadas a socavar directa o indirectamente la independencia judicial, o indirectamente con la cada vez más alarmante carencia de medios o directamente desde propuestas que tergiversan requerimientos europeos y que solo intentan y van a traer una menor objetividad y un detrimento en los principios de mérito y capacidad para ingresar en el poder judicial”.
“La protesta es exclusivamente por eso, sin ideología, no va contra el Gobierno pese a que ciertas declaraciones de determinados responsables políticos están fuera de lugar, pero no es por eso. Para eso está el Consejo General del Poder Judicial, que ya ha sido bastante contundente respondiendo su presidenta”, añade.
El fondo de la cuestión es el proyecto de ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que contiene cambios sustanciales como el sistema de oposición o turno libre, que cambia su tipo de examen tradicional de forma que ahora puede ser más subjetivo y lo hace menos exigente. También causa controversia la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, junto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá a los fiscales entrar en la instrucción penal, dando así más poder al fiscal general del Estado.
Por estas y otras causas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) que preside el exjuez decano de Melilla Fernando Germán Portillo, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) llamaron a la movilización que ha arrancado este martes, aunque ya han tenido contestación del Gobierno, que por boca de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha contestado que no moverán un ápice los cambios programados.
¿Será exitosa la huelga?
Es un derecho individual que cada uno ejercita como quiera, por lo que es difícil saber si los tres días fijados serán un éxito puesto que algún juez o algún fiscal podría hacer huelga el primer día pero dejarla el segundo y el tercero, o al revés, como aprecia Álvaro Salvador, que en 25 años de profesión ha aprendido y sufrido, como él explica, que los miembros del poder ejecutivo y legislativo toman sus decisiones y actos con independencia de lo que piense el otro poder, el judicial. “No nos van a tener en cuenta absolutamente para nada. Desde que tengo memoria como juez lo están haciendo así”.
Cuestionado sobre si el ejercicio de este derecho puede afectar al desenvolvimiento normal de la justicia en Melilla, contesta de manera positiva, ya que está en su razón de ser. “Es lógico que afecte porque habrá actuaciones judiciales que no estén incluidas entre los servicios mínimos y si el compañero o compañera decide ejercitar el derecho a la huelga eso va a conllevar un retraso en el procedimiento, claro. Con independencia de lo que cada uno piense, lo que no se puede pretender es hacer una huelga y que no vaya a tener ningún tipo de incidencia en el servicio público. Es como si adoptáramos una huelga a la japonesa”.
“El volumen de papeles es sumamente desbordante. La ausencia de medios es ya catastrófica. Esto no va a estropear la Justicia de Melilla ni la del resto del país. La Justicia está estropeada desde hace mucho y cada modificación que se hace va encaminada a entorpecer más y que cada vez esto vaya a peor”, prosigue el juez, que además pone como ejemplo de tal merma la entrada en funcionamiento de un nuevo juzgado en Melilla en el que de seis personas solo cuenta provisionalmente con dos funcionarios asignados, como ya han denunciado sindicatos como el CSIF.
Un 75% en España, según las asociaciones
Un 75 % de los jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los tres días de huelga convocados por las cinco asociaciones conservadoras contra las reformas judiciales del Gobierno, según han informado en rueda de prensa los convocantes y recoge la agencia EFE. Protestan contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y que incrementa los riesgos de politización de la Justicia.
El Ministerio de Justicia ha anunciado que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe de los jueces y fiscales que han secundado la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente, después de que el CGPJ acordara por unanimidad que el paro carecía de base legal.
