En la mañana de este jueves se ha celebrado en el Palacio de la Asamblea de Melilla una nueva sesión del Pleno de Control, en la que los distintos grupos de la oposición han planteado al Gobierno local diversas cuestiones relativas a la gestión de programas públicos y políticas sociales.
La primera interpelación de la jornada ha estado a cargo del Grupo Coalición por Melilla (CpM), representado por la diputada Cecilia González, quien ha centrado su intervención en el programa de puesta a disposición de uniformes escolares al alumnado de familias con dificultades socioeconómicas, una medida aprobada por el Consejo de Gobierno y vinculada al actual plan estratégico de la Ciudad Autónoma.
CpM cuestiona la gestión del programa de uniformes y pide más transparencia
Durante su intervención, González recordó que el programa fue aprobado el pasado 19 de septiembre, tras su inclusión en el plan estratégico de políticas sociales y educativas publicado el 7 de marzo. No obstante, la diputada de CpM subrayó que su grupo ya había mostrado inquietud en el pleno del 29 de septiembre, cuando preguntaron al consejero de Educación cómo se iba a ejecutar el programa, en qué plazos y bajo qué criterios.
Según explicó, el consejero aseguró entonces que el procedimiento era “totalmente transparente, adecuado y ajustado a la legalidad”, pero dos semanas después —el 14 de octubre— el Consejo de Gobierno solicitó informes jurídicos sobre la legalidad del programa de uniformes y del de material escolar, algo que a juicio de CpM generó desconcierto entre las comunidades educativas y las familias.
“Estas cosas lo que conllevan es a que se cuestione la eficacia de las políticas públicas”, señaló González, quien lamentó que un programa con una finalidad social tan positiva se haya visto envuelto en dudas y retrasos.
La diputada defendió la necesidad de políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades en la educación, recordando que Melilla presenta tasas de vulnerabilidad socioeconómica muy elevadas. En ese sentido, consideró que facilitar el acceso gratuito a uniformes y material escolar constituye “una acción concreta que promueve la igualdad real”.
No obstante, González subrayó que estas medidas deben acompañarse de una “tramitación impecable, criterios transparentes y una ejecución en tiempo y forma”, advirtiendo que los errores procedimentales pueden restar eficacia, generar demoras y “provocar una pérdida de credibilidad institucional”.
Críticas a la gestión desde los centros educativos
CpM también mostró su desacuerdo con que los centros escolares sean los encargados de gestionar el programa, al considerar que esto supone “una sobrecarga administrativa” para los equipos directivos y las secretarías, ya de por sí saturadas con el trabajo cotidiano.
“Un centro puede pedir la declaración de la renta a una familia, pero no sabe cuántas personas conviven en ese hogar ni cuántas declaraciones existen. No es adecuado ni eficaz”, afirmó la diputada.
Asimismo, criticó que no existan criterios diferenciados según el tamaño del centro, lo que puede provocar que unos colegios dispongan de más recursos que otros. “Un centro con 300 alumnos puede cubrir uniformes completos, mientras que otro con 750 apenas llegará para una prenda”, ejemplificó.
González también señaló que el retraso en la puesta en marcha del programa ha reducido su efectividad, ya que las familias, al inicio del curso, se ven obligadas a comprar los uniformes por su cuenta para que sus hijos acudan correctamente vestidos a clase.
En su propuesta final, CpM solicitó que en futuras ediciones se abra una convocatoria pública única para toda Melilla, con gestión directa por parte de la Consejería de Educación y plazos suficientes para garantizar la planificación antes del inicio del curso.
Legalidad y eficacia del programa
En su turno de respuesta, el consejero de Educación, Juventud y Deportes, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, agradeció el tono propositivo de la interpelación, pero recordó que muchas de las sugerencias no pueden implementarse en esta primera convocatoria, “precisamente porque es la primera”.
El consejero apuntó que resulta “llamativo” que CpM proponga ahora un modelo de ayudas de este tipo cuando formó parte del anterior gobierno y no impulsó medidas similares. También reprochó al grupo de la oposición haber generado “dudas en los medios de comunicación” sobre la legalidad del programa, en lugar de plantearlas en la comisión correspondiente o en el pleno.
Fernández Bonnemaison quiso ofrecer una explicación detallada del procedimiento, recordando que la Ciudad lleva años facilitando el acceso gratuito a la enseñanza mediante programas de entrega de libros y material escolar para alumnado en situación de vulnerabilidad.
En este curso, el programa de material escolar ha contado con una dotación de 254.983 euros, aprobada el 12 de septiembre y publicada en el BOME el día 23. En total, 18 centros participaron en la convocatoria, aunque uno de ellos —el Liceo Sefardí— fue excluido por no ser de titularidad pública.
Un informe jurídico avaló la legalidad del programa
El consejero explicó que el 27 de septiembre se recibieron escritos de un ciudadano cuestionando la legalidad del programa, lo que llevó al Consejo de Gobierno a solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma.
El dictamen, emitido el 14 de octubre, avaló plenamente la legalidad de ambos programas y rechazó las supuestas irregularidades. “No se paralizaron los programas en ningún momento”, aclaró el consejero, quien añadió que los colegios ya habían comenzado a remitir los datos necesarios para tramitar las ayudas.
Fernández Bonnemaison destacó que el curso pasado se beneficiaron 1.549 alumnos de educación infantil y primaria con un presupuesto de 229.000 euros, y que para el actual curso la dotación se ha incrementado en 22.700 euros adicionales.
“Los perjudicados por las denuncias y las dudas infundadas no son otros que los alumnos y sus familias más necesitadas”, advirtió el consejero.
El programa ECODAR de uniformes
El titular de Educación explicó además que el nuevo programa ECODAR de uniformes escolares sigue la misma estructura que el de material escolar y cuenta con una dotación de 270.000 euros. Este plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial de Melilla el día 20.
Según detalló, 14 centros educativos han solicitado participar en la convocatoria, incluyendo colegios públicos, concertados y el propio Liceo Sefardí. Los procedimientos de verificación y fiscalización, insistió, han cumplido todas las exigencias legales.
Por último, Fernández Bonnemaison reconoció que los equipos directivos han trasladado su preocupación por la carga de trabajo, por lo que la Consejería estudiará en próximas ediciones asumir directamente la contratación de los suministros, para aliviar la gestión de los colegios y reforzar la confianza en el programa.
“Recogemos el ofrecimiento y las propuestas que nos hacen, porque hay ideas muy interesantes. Pero quiero dejar claro que este programa es legal, transparente y beneficioso para cientos de familias melillenses”, concluyó el consejero.
