Cuatro varones y tres mujeres ocuparon durante buena parte de la mañana de ayer el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla. La Fiscalía reclamó una pena de tres años para dos de ellos, que son hermanos y presuntos autores de un delito de lesiones. La acusación pública, además, solicitó varias multas para el resto de los encausados, a los que imputa la comisión de delitos leves de lesiones. Según lo descrito en el escrito del Ministerio Público, al que pudo tener acceso El Faro, los siete procesados son miembros de dos familias y acabaron llegando a las manos después de un juicio por violencia de género.
Los hechos enjuiciados ayer tuvieron lugar el 15 de julio de 2015 en la primera planta de la torre norte del edificio V Centenario. Según recoge la Fiscalía en su informe, dos hermanos se acercaron a otros dos individuos, que también eran hermanos entre ellos, y comenzaron a golpearles, propinándoles diversas patadas y puñetazos. A su vez, estos respondieron propinando diversos golpes a uno de los atacantes, siempre según la versión de la acusación.
A la vista del altercado, los familiares de los implicados se unieron a la reyerta. La hermana de uno de ellos terminó empujando por la espalda a la madre de otros dos investigados, haciéndola caer al suelo. Esta última también agredió a la esposa de otro procesado “metiéndole los dedos en los ojos y agarrándole de los pelos”, según recoge la Fiscalía en su escrito, en el que también apunta que otras dos procesadas se ensañaron con la hermana de uno de los investigados, “agarrándole del cuello y el pelo, y haciéndole caer al suelo” y “propinándole patadas en la barriga”.
Intervienen los vigilantes
De acuerdo con el informe de la acusación, un vigilante de seguridad del edificio de los juzgados intervino para tratar de separar a las dos familias, pero fue golpeado por dos de los procesados.
En consecuencia, la Fiscalía pidió a los investigados que se indemnizasen entre ellos por las lesiones que presuntamente se hicieron durante la reyerta. La cantidad más alta fue la que reclamó a dos hermanos, que tendrían que pagar 2.060 euros a otro de los encausados en el caso de ser condenados, ya que este último sufrió una fractura de nariz y le han quedado secuelas.
Derecho a no declarar
Los siete encausados comparecieron ayer ante la magistrada del Penal número 2, pero en el juicio manifestaron que se acogían a su derecho a no declarar. La primera testigo, una de las agredidas en la pelea multitudinaria, relató que el día de los hechos se inició una discusión entre las dos familias implicadas. “Ha pasado tanto que no me acuerdo muy bien ni de quién me pegó, ni tampoco de quién fue el que empezó con las agresiones”, sostuvo la mujer.
Ayer también declaró uno de los abogados que intervino en el juicio por violencia de género celebrado el día de los hechos. Según contó, al salir de la sala escuchó jaleo en la entreplanta. “Vi a gente pegándose y me di la vuelta porque no me iba a mezclar”, dijo. El letrado aclaró que no vio quién empezó la trifulca entre las dos familias.
El último en declarar fue un vigilante de seguridad. Según recordó, escuchó ruido y pidió refuerzo a sus compañeros. “Había personas discutiendo y se habían pegado porque vi que había sangre”, manifestó. “Nosotros dimos aviso a la Guardia Civil”, agregó. El testigo puntualizó que él no sabría decir quién pegó ni originó la pelea.
Tras escuchar las distintas declaraciones, la Fiscalía señaló que mantenía la acusación reflejada en su escrito, aunque modificó las penas para adaptarlas al antiguo Código Penal, ya que los hechos ocurrieron antes de su última modificación. Las defensas solicitaron la libre absolución de sus clientes a la vista de la ausencia de pruebas inculpatorias. La juez decidirá.
