Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla ignoró las actuaciones urgentes que inició el Defensor del Pueblo ante la llegada de un grupo de ciudadanos yemeníes a las islas Chafarinas, archipiélago de soberanía española situado a unos 70 kilómetros Melilla, y por la llegada de 40 personas a la isla de Tierra, entre las que había 20 mujeres y seis menores.
Ha sido en su último informe anual en el que el Defensor ha recogido todas las ocasiones en las que grupos de solicitantes de asilo llegaron en 2021 a los peñones e islotes españoles que hay en el norte de la costa africana y su posterior devolución a Marruecos.
El Defensor subraya que el principio de no devolución constituye una obligación ineludible recogida en diferentes normas internacionales o nacionales, como la Convención de Ginebra o la Ley 12/2019, la cual regula el derecho a asilo.
El Faro recogió en sus páginas las devoluciones que llevaron a cabo las autoridades españolas. Los distintos grupos de migrantes que llegaron a territorio nacional, cuando eran entregados a Marruecos, se los llevaban al sur del país en autobuses o los encarcelaban a cientos de kilómetros de Melilla.
En el informe también se recalca que en la Sentencia 172/2020 del Tribunal Constitucional en la que se analiza la figura del rechazo en frontera, se establece la exigencia de que este procedimiento se lleve a cabo bajo determinadas garantías y respetando la normativa en derechos humanos y de protección internacional, de la que España forma parte.
Dadas las devoluciones que se hicieron desde lugares como la isla de Tierra o el Peñón de Vélez de la Gomera, el Defensor señala que el Relator sobre los derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas instó en julio de 2021 poner fin a las devoluciones de migrantes en tierra y en el mar y los efectos en los derechos humanos de estas prácticas, respetando plenamente la prohibición de la expulsión colectiva y a aplicar el principio de no devolución.
El Relator también invitó a las autoridades a que adoptaran un enfoque de la migración y la gobernanza de fronteras basado en los derechos humanos, con perspectiva de género y de edad, teniendo en cuenta las necesidades de la infancia. Esto implicaría garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes, incluidas las que se encuentran en situación irregular, sean siempre la consideración primordial.
Por su lado, el mismo Defensor formuló un Recordatorio de deberes legales al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a fin de que diese cumplimiento al principio de no devolución, que impide que pueda devolverse sin procedimiento a personas con necesidades de protección internacional, que hayan entrado en contacto con autoridades nacionales (de acuerdo con el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951; el considerando 13 del Reglamento (UE) 656/2014, de 15 de mayo, y en el artículo 5 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre).
El Defensor dice que en el momento de elaboración del presente informe no se había recibido respuesta al citado Recordatorio.
Las devoluciones
El 23 de agosto se recibió una solicitud de intervención urgente, con motivo de la llegada de un grupo de cuarenta personas a la isla de Tierra (Archipiélago Islas Alhucemas), entre las que se encontraban veinte mujeres y seis menores.
Asimismo, el 18 de septiembre se remitió otra solicitud de actuación urgente por la posible devolución sin procedimiento de varios ciudadanos yemeníes, desde uno de los islotes de las islas Chafarinas. Según se indicaba, a su llegada se pusieron en contacto tanto con el ACNUR, como con la Guardia Civil, para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional.
En ambos casos, el Defensor del Pueblo inició actuaciones urgentes con la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre las que no se ha recibido respuesta en el momento de elaboración del presente informe.
El 20 de septiembre se recibieron varias quejas de distintas entidades, solicitando la intervención del Defensor del Pueblo, ante la llegada de un grupo de unas 125 personas al Peñón de Vélez de la Gomera, entre las que se encontraban, al menos, 8 menores de edad y 60 mujeres. Al escrito de queja se adjuntaron dos listados con los nombres de estas personas, quienes, según afirmaban las asociaciones, habían manifestado su intención de solicitar protección internacional ante funcionarios españoles.
Además, se alertaba de que varias de las mujeres congoleñas que allí se encontraban ya habían accedido a territorio nacional el pasado 17 de mayo, a través de Ceuta.
Durante su estancia en la ciudad autónoma, solicitaron protección internacional a personal del ACNUR, pese a lo cual fueron devueltas sin procedimiento alguno a Marruecos. De esta cuestión se dará cuenta detallada en el siguiente apartado.
El día 31 de diciembre se recibieron quejas relacionadas con la llegada de dos grupos de personas a la isla del Congreso. Según referían las quejas, estas personas, a pesar de haber solicitado protección internacional, fueron devueltas a Marruecos sin procedimiento alguno.
