El Defensor del Pueblo, en una nota de prensa, ha recordado "la obligación de respetar la legislación nacional e internacional y el principio de no devolución, que impide que pueda devolverse -sin procedimiento- a ciudadanos con necesidades de protección internacional y que hayan entrado en contacto con autoridades españolas".
Exponen que recientemente grupos de ciudadanos de otras nacionalidades han recalado en Isla Congreso (Chafarinas). El último de ellos estaba formado por nueve personas que manifestaron ser de origen sirio, tres de ellas niños, con intención de solicitar protección internacional en España. Entienden que ambos grupos podrían haber sido devueltos a Marruecos.
Recalcan que la Institución ha venido dirigiéndose a las diferentes administraciones cuando ha considerado que presuntamente se estaban vulnerando derechos humanos y no se estaba atendiendo con precisión a lo mandatado por la legislación nacional y/o internacional respecto a personas migrantes.
Chafarinas
A principios de esta semana, nueve inmigrantes sirios habrían sido devueltos en caliente desde las islas Chafarinas, de soberanía española y a 76 kilómetros de Melilla, a Marruecos, según ha informado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Estos han sido entregados a los gendarmes del cabo del Agua, según las mismas fuentes. Esta sería la segunda devolución en lo que va de 2022, después de que los nueve inmigrantes de nacionalidad marroquí que llegaron el pasado viernes 31 de diciembre fuesen también devueltos a Marruecos. Al cierre de esta edición no había confirmación por parte de la Delegación del Gobierno en Melilla.
Desde Servicio Jesuita a Migrantes, Josep Buades explicó que en este caso no se dan las condiciones para que se aplique la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, es decir, el rechazo en frontera, porque este grupo de inmigrantes ya han entrado a territorio nacional.
Buades aseguró que hacia las tres de la tarde, mientras un abogado del SJM conversaba telefónicamente con ellos, llegó una patrulla de la Guardia Civil. Señala que aunque el abogado intentó comunicarse con los agentes, estos cortaron la llamada. “No tenemos más información directa. Sería lamentable que los devuelvan a Marruecos sumariamente sin atender a su solicitud de protección internacional, habiendo entrado en territorio nacional” dice.
Es por ello que subrayó que cada una de las personas que han llegado al archipiélago español tienen que ser identificadas policialmente, con asistencia letrada e intérpretes según el artículo 23 del reglamento de la Ley de Extranjería.
Si dado el caso, pidieran protección internacional, hay que darles cita para que sean entrevistados y ver si tienen perfil para darles estatus de asilo tal y como marca el procedimiento legal. Lo que no hay que hacer en ningún caso, dice Buades, es entregarlos directamente a la Marina Real Marroquí para “ser devueltos sumariamente a Marruecos contra todo procedimiento, porque eso va totalmente contra la ley y contra eso que debemos luchar en el Servicio Jesuita a Migrantes, queremos que se cumpla la ley”.
El Defensor del pueblo debería trabajar en cosas muchísimo más importantes que esta, no pueden tener la misma garantía judicial alguien que entra ilegalmente