El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, admitió a trámite una queja del Consejo General de la Abogacía por las dificultades que tienen los abogados para prestar asistencia a los migrantes que llegan a las costas españolas en situación irregular.
En una reunión en la sede de la institución, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, pidieron al Defensor que promueva que Interior y Justicia, las Consejerías de Justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado garanticen la asistencia a todos los migrantes.
Los letrados recordaron que toda persona migrante que llega a nuestro país debe recibir asistencia, con la celebración de una entrevista previa, individualizada y reservada y con un servicio efectivo de traducción.
Los representantes del Consejo de la Abogacía denunciaron que el derecho de defensa de las personas migrantes es vulnerado cuando no existen instalaciones que permitan realizar esas entrevistas en su lengua de origen y pidieron a los abogados que hagan constar en acta cualquier incidencia mientras prestan la asistencia.
El Defensor del Pueblo explicó que el pasado verano la técnicos de la institución hicieron inspecciones en Cádiz, Málaga, Granada y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para comprobar cómo realiza la atención humanitaria y jurídica a los migrantes y formuló recomendaciones a los colegios de abogados.
