De Castro estudia querellarse contra Arrimadas por sus declaraciones

El presidente de la Ciudad y hasta ahora responsable de Ciudadanos en Melilla, Eduardo de Castro, presentará un acto de conciliación previo a una posible querella contra Inés Arrimadas y Edmundo Bal por sus declaraciones tras la salida de De Castro de la formación naranja, según fuentes cercanas al presidente.

Además, De Castro solicitará medidas cautelares para defender sus derechos fundamentales, que considera han sido vulnerados con la decisión de Cs de expulsarlo del partido.

El fundador de Cs en la ciudad recibió la sanción el pasado viernes por no haber comunicado al partido de manera oficial que se encontraba en un proceso judicial tras una denuncia del PP por la creación del nuevo centro de menores de Rostrogordo.

Aunque en un primer momento, la líder de Cs se desvinculó de la expulsión de De Castro e indicó que había sido una decisión del comité de régimen disciplinario, si aclaró, durante un acto de precampaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que la sanción era por incumplir directrices del partido y por “diferentes circunstancias”. Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Madrid, Edmundo Bal, fue más lejos y señaló que De Castro había sido expulsado por incumplir el código ético de los cargos de Ciudadanos”, algo de lo que “nadie puede presumir” salvo ellos. “A nosotros los corruptos no nos duran ni dos minutos en el partido porque los echamos”, presumió Bal, insistiendo en que esto es “un estandarte” que nadie lo puede abanderar tanto como su formación, ya que han venido “a hacer que la política sea una política limpia, regenerada”.

Por el momento, De Castro seguirá en el grupo mixto de la Asamblea, como viene haciendo desde el principio de la Legislatura, ya que era el único diputado de Ciudadanos y el reglamento le impedía formar grupo propio.

Tampoco tendría la obligación de abandonar su puesto como presidente de la Ciudad, puede mantener los cargos que ostentaba antes de la expulsión de su formación política y además ha recibido el apoyo de la mayoría de los consejeros que componen el Gobierno local.

De Castro deberá acudir, el próximo 12 de mayo, a declarar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en la creación del centro de menores de Rostrogordo. Además, la Fiscalía también ha pedido que se tomen medidas contra el presidente melillense por la concesión de servicio de la grúa municipal.